EFE.- Ramos ha destacado que cerca de 150.000 empleos directos y unos 2.000 millones de euros relacionados con la actividad económica de la costa dependen de esta nueva norma, que ha tratado de introducir "sentido común" y proteger los derechos de los ciudadanos que se vieron afectados por la anterior ley.
Con esta reforma, añade, el Gobierno ha actuado ante un "problema social", ya que de las 40.000 ocupaciones actuales que se encuentran en Dominio Público Marítimo Terrestre (ribera del mar y de las playas), casi un 90 por ciento se encuentra en una situación irregular.
El secretario de Estado ha aclarado que en la Zona de Servidumbre de Protección (la zona adyacente al dominio público) existen unas 125.000 viviendas, a las que se solo se les autorizarán las obras necesarias para la mejora y modernización de las construcciones ya existentes, siempre que no impliquen un incremento ni en volumen y altura.
Respecto a la exclusión de doce núcleos costeros de la zona de Dominio Público, el secretario de Estado ha concretado que se trata de atender a las necesidades de regulación de estos espacios habitados y consolidados, y cuya cartografía justifica las razones por las que no deben estar incluidos en el dominio público.
Las doce barriadas están situadas, entre otras, en Girona (Empuriabrava, Platja de Aro), Huelva (Ría Punta Umbría), Alicante (Rocafel, Puerto de Santa Pola), Valencia (Oliva), Málaga (El Palo y Pedregalejo), Castellón (Xilxes) y Pontevedra (Moaña).
Entre otros puntos, Ramos ha destacado que, por primera vez, la normativa de costas española incorpora regulaciones específicas para afrontar la lucha contra los efectos del cambio climático en el litoral.