La organización agraria UPA-UCE de Extremadura considera «injusta e ilógica» la orden de ingreso en prisión decretada por la titular del Juzgado de Instrucción Número 1 de Mérida, Ana Belén Fernández Arroyo, para su secretario general, Ignacio Huertas, y el de Organización, Maximiano Alcón.
En un comunicado, esta organización valora así la decisión de la juez de enviar a prisión a dos de los siete detenidos por la Guardia Civil el pasado miércoles dentro de la «Operación Tellus» por fraude y falsificación de documentos en relación a las ayudas de las Unión Europea para el asesoramiento de agricultores.
La organización agraria denuncia que «la decisión ya estaba tomada antes de celebrarse la vista»
«Demostraremos nuestra inocencia y limpiaremos la imagen de la organización», afirma la organización, que califica la medida como «tremendamente injusta e ilógica» y ha asegurado que «la decisión ya estaba tomada antes de celebrarse la vista».
Como prueba de esta afirmación, señala que los medios de comunicación informaron de la noticia horas antes de que los propios interesados y sus abogados conocieran la pena de prisión e incluso antes de celebrarse la vista.
UPA-UCE ha exigido la «liberación inmediata» de sus dos responsables y ha pedido a la jueza que reflexione sobre la «lógica y la conveniencia» de una medida que han tildado de «desproporcionada».
La organización ha asegurado que han sido víctimas de una falsa denuncia que ha hecho incurrir en un «grave error» a la Guardia Civil.
Además, asegura que las formas en que se ha desarrollado la operación han sido «vergonzosas y humillantes» y cree que el Instituto Armado debería haber tenido en cuenta «el prestigio de unas personas que son conocidas, queridas y respetadas» en la historia del sindicalismo agrario de la región.
Para UPA-UCE, el sentimiento es «de injusticia y de desmesura» y no cree que haya ningún delito
Para UPA-UCE, el sentimiento es «de injusticia y de desmesura» y no cree que haya ningún delito en la gestión de las ayudas al asesoramiento a explotaciones, ya que las subvenciones se recibieron en tiempo y forma y los trabajos se hicieron y se presentaron ante la Junta de Extremadura.
UPA-UCE ha explicado que «ya están analizando todo lo ocurrido y preparando su defensa, además de destacar que el apoyo que han recibido «ha sido muy fuerte» y eso prueba que son «una organización querida y respetada por la sociedad».
Los dos dirigentes eran los únicos que permanecían en prisión de los siete que fueron detenidos el pasado miércoles por la Guardia Civil, seis de ellos pertenecientes a UPA-UCE, además de Juan Miguel Apolo, gerente de la empresa de servicios que contrató la entidad agraria para el asesoramiento.
La pasada madrugada la juez que lleva el caso dictó libertad sin fianza pero con cargos para la vicesecretaria general, María Antonia Alcalá; el secretario de Acción Sindical, José Cruz, el trabajador de la oficina de UPA en Losar de la Vera Ignacio Trejo y el exsecretario de Organización Miguel Leal.
El secretario general de UPA, el extremeño Lorenzo Ramos, que permanece desde esta mañana a las puertas de los juzgados, ha declarado a Canal Extremadura que todo parte de la denuncia de un antiguo afiliado de UCE contrario a la unión con UPA, que ahora intenta perjudicar a esta organización.
La Junta de Extremadura iniciará una auditoría complementaria de las ayudas para el asesoramiento
Por otra parte, la Junta de Extremadura ha anunciado que iniciará una auditoría complementaria de las ayudas para el asesoramiento de agricultores entre 2013 y 2015 que complemente a las ya realizadas dado que «parece» que en esa última convocatoria se centra una parte de la investigación a la organización agraria.
En un comunicado, la Consejería de Medio Ambiente, Rural, Políticas Agrarias y Territorio insiste en que no ha recibido ninguna notificación oficial en torno a este asunto, ni petición de información alguna, por lo que desconoce el alcance de la investigación en curso y los presuntos hechos delictivos que se investigan.
No obstante, «dada la gravedad de los hechos presuntamente bajo sospecha y con carácter preventivo, llevará a cabo esas auditorías», señala el comunicado.
Además, para complementar toda la información posible sobre estos hechos, la Consejería pretende mantener reuniones de trabajo con el anterior equipo de gobierno de la misma y responsables del Organismo Pagador.
La consejería extremeña asegura que todas estas medidas tienen como única finalidad velar por el buen uso de los fondos públicos y por la transparencia en las ayudas al sector agrario regional «que día a día demuestra con su trabajo la honradez y profesionalidad».