En España, la agricultura consume cerca del 80% de los recursos hídricos disponibles. Esta elevada demanda, obliga a reducir y limitar las dotaciones de riego en episodios de sequía, ocasionando importantes impactos económicos, principalmente, en las pequeñas y medianas explotaciones. Una situación en incremento en un contexto de cambio climático. Ante esta realidad, las investigadoras de Basque Centre for Climate Change (BC3) Violeta Cabello e Irene Pérez Beltrán han trabajado desde 2024 en el proyecto de investigación TRANAGRO (“Hacia una Transición Hídrica Justa en la Agricultura”).
La iniciativa, coordinada por la Fundación Nueva Cultura del Agua (FNCA) y financiada por la European Climate Foundation, ha desarrollado 9 indicadores para un reparto local del agua más justo y equitativo en situaciones de escasez.
Los indicadores atienden a las dimensiones socioeconómicas, ambientales y territoriales del uso del agua en la agricultura y pueden consultarse en la web de FNCA. Entre otros, se encuentran el tipo de agricultura, las necesidades de riego o la capacidad productiva del territorio en el que se encuentra la explotación
MESA DE ANDALUCÍA Y EJEMPLO DE DOÑANA
El desarrollo de los indicadores ha involucrado en un proceso participativo a entidades sindicales, agrarias, ambientales, empresas del sector del agua, consumidores y académicos representantes de la Mesa Social del Agua de Andalucía (MSA).
En sus siete años de recorrido, esta Mesa ha demandado un reparto del agua alternativo que amortigüe el impacto de las reducciones de las dotaciones de riego sobre las pequeñas explotaciones agrícolas.
Conocida como la «huerta de Europa», Andalucía es un exportador líder de cultivos de alto valor y con un alto consumo de agua. Paradójicamente, es también una de las regiones más secas de España y Europa, un problema agravado por la creciente variabilidad hidrológica debido al cambio climático. Esto no solo tiene consecuencias económicas para los agricultores cuando se imponen restricciones de riego en virtud de los Planes Especiales de Sequía, sino también ambientales.
Destaca, por ejemplo, el caso del Parque Nacional de Doñana. Los acuíferos de este espacio Natura 2000 han sido sobreexplotados principalmente para el riego de cultivos de frutos rojos. El proyecto TRANAGRO ha realizado una aplicación preliminar de los indicadores en este entorno.
“La declaración de sobreexplotación obliga a elaborar, con la participación de los usuarios, programas de gestión para la recuperación del acuífero, incluyendo la reducción de extracciones, y presenta una oportunidad única para emplear nuestra propuesta de indicadores”, explica Irene Pérez Beltrán.
En los próximos meses, los miembros de la Mesa que han participado en el proyecto, COAG Andalucía, UPA Andalucía, CCOO Andalucía, UGT Andalucía, FACUA Andalucía, Fundación Savia, y FNCA, presentarán los resultados a las autoridades de cuenca (Confederaciones Hidrográficas) para promover la incorporación de los indicadores en las metodologías de asignación de agua de los Planes de Gestión de Cuencas.
“Al reunir a todos los actores relevantes a nivel regional, la Mesa ha propuesto soluciones políticas tangibles que abordan directamente las realidades locales. En la zona de Doñana, estas incluyen la transformación de los usos del suelo (reforestación, el retorno a la agricultura de secano o la conversión a la agricultura ecológica), el reparto de ayudas con criterios sociales, mejoras en la gobernanza de los acuíferos y en las condiciones de vida de los trabajadores temporeros, entre otras . De esta manera, la plataforma ha fomentado la confianza y el entendimiento mutuo entre actores que a menudo discrepan a nivel europeo, como los sindicatos de agricultores y las ONG ambientales”, destaca la investigadora de BC3.
Basado en la coproducción de conocimiento, este trabajo demuestra cómo los procesos participativos bien organizados pueden generar corresponsabilidad compartida para definir la gobernanza a nivel regional y nacional. El reto ahora recae en los responsables políticos: reconocer el valor de estas iniciativas y garantizar que orienten la transición hacia una agricultura más justa y sostenible.