En pleno proceso de movilizaciones del sector ganadero lácteo, con la decisión de Mercadona de subir el PVP de la leche (y a la espera de ver si a primeros de mes esa subida se traslada al precio en origen), cadenas de distribución como Lidl, Alcampo, Eroski, Gadis o Froiz están empleando esta semana la leche como producto reclamo para atraer clientela, según ha denunciado el Sindicato Labrego Galego (SLG)

En sus lineales los precios oscilan entre los 0,56 y los 0,59€/litro, muy lejos de los 0,69 euros/litro como mínimo que, según datos de un estudio encargado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación publicado en junio de este mismo año, son precios para comenzar a garantizar precios que cubran costes de producción y remuneren el trabajo del sector productor.

Para la organización agraria, esta situación de utilizar la leche como producto reclamo no se trata de casos aislados, sino de una práctica recurrente. Tan recurrente que precisamente en el año 2015 Gobierno, distribución, industrias y algunas organizaciones agrarias firmaron el Acuerdo Lácteo que, entre otras cosas, vaticinaban iba a poner fin la estos abusos, habilitando a la Administración pública para iniciar expedientes e interponer sanciones.

«NO SE TIENE EN CUENTA PRIMERO EL COSTE DE PRODUCCIÓN Y LUEGO SE ESTABLECEN LOS ESLABONES SIGUIENTES, SINO AL REVÉS: DE ARRIBA HACIA ABAJO”

También hace poco más de un año el Real Decreto- ley 5/2020, aprobado para adoptar medidas urgentes en materia de agricultura y alimentación, destacó la necesidad de prevenir que los operadores que realicen la venta final del producto a las personas consumidoras podan repercutir a ninguno de los operadores anteriores el riesgo empresarial derivado de su política comercial en materia de precios ofertados al público.

«El establecimiento del precio de la leche parte de una anomalía histórica», denuncia la Secretaria General del Sindicato Labrador Gallego, Isabel Vilalba. «No se tiene en cuenta primero el coste de producción y luego se establecen los eslabones siguientes, sino al revés. De arriba hacia abajo. La distribución pone un precio, la industria queda que parte que considera para obtener su beneficio, y luego impone un precio al sector productor. A día de hoy existe un marco regulatorio que la Administración debería estar haciendo respetar para hacer frente a estas prácticas abusivas. La bajada de precio final es una práctica desleal que arrastra los precios a la baja en la cadena, además de potenciar esas mismas actuaciones en otras superficies comerciales y dificultar todavía más que se poda poner fin a la banalización de la leche como producto alimentario». Dado que la Xunta de Galicia tiene competencias para vigilar, evitar y sancionar estas prácticas abusivas, exigimos la inmediata actuación de la Administración, asumiendo sus responsabilidades y frenando la llegada de estos precios ruinosos a las granjas».

Galicia es la mayor productora de leche del Estado, con un 39,1 % del total de entregas, muy lejos de su inmediata seguidora, Castilla y León, con un 12,5% (Observatorio de la Cadena Alimentaria, 2021). El sector lechero es esencial económica y socialmente en nuestro país. Sin embargo, la política de brazos cruzados de la Administración gallega para hacer cumplir el Acuerdo Lácteo, un texto que precisamente Alberto Núñez Feijoo se hartó de calificar de «histórico», sigue empujando a la quiebra las pequeñas y medianas explotaciones gallegas.

Por consecuencia para el eslabón más débil de la cadena es que su margen se estrecha a favor de los más fuertes, en este caso la industria y la distribución. Abusos comerciales como los que están cometiendo Lidl, Alcampo, Eroski, Gadis o Froiz, al utilizar la leche como producto reclamo, tienen consecuencias directas: a día de hoy, a pesar de que el precio de producción de un litro de leche oscila entre los 33 y los 38 céntimos por litro, las ganaderas y ganaderos gallegos cobran entre 32 y 34 cént./ l., muy lejos de un precio digno que cubra costes de producción y trabajo.