Editorial del número 30 de La Tierra de la Agricultura y la Ganadería (UPA)
En la jornada de presentación del Anuario 2024 de UPA y la Fundación de Estudios Rurales, el ministro de Agricultura, Luis Planas, se comprometió a iniciar en septiembre el proceso formal para poner en marcha la Ley de agricultura familiar. El primer paso será convocar una consulta pública sobre el anteproyecto de Ley abierta, lógicamente, a la participación de las organizaciones agrarias y el resto de las asociaciones vinculadas con el ámbito de esta nueva ley; pero también al conjunto de la población, para que cualquier persona puede aportar sus sugerencias sobre una regulación transversal que nos involucra y afecta a todos, no solo a las y los profesionales que gestionamos explotaciones familiares.
Bienvenido sea el anuncio del ministro, después de meses de cierta parálisis política en una legislatura compleja y enredada que, un año después de las elecciones generales, no acaba de arrancar con toda la fuerza necesaria.
La Ley de agricultura familiar es una reivindicación histórica y reiterada de UPA desde hace muchos años. Por ello, consideramos un mérito propio haber convencido al Gobierno actual y a las mayorías parlamentarias que le apoyan de que es necesario regular para proteger e impulsar la actividad profesional del colectivo mayoritario del campo español.
No somos ingenuos y sabemos que las leyes, por sí mismas, no resuelven de un plumazo todos los problemas ni despejan todas las incertidumbres. Pero sí que son decisivas para fijar objetivos, establecer márgenes y crear condiciones legales y formales que determinan después la eficacia de muchas y variadas políticas concretas, regulaciones, medidas, proyectos… con una incidencia directa sobre nuestra actividad en la agricultura y la ganadería profesional.
La Ley de agricultura familiar es una emergencia social. Y es una necesidad urgente que debe resolverse en todos sus procesos formales a la mayor celeridad, para evitar riesgos ante posibles complicaciones políticas en la legislatura. Por todo ello, UPA está ya liderando el debate previo al anteproyecto de Ley, para hacerlo nuestro y que no se quede en un texto de buenas intenciones y escasas concreciones.
La ley debe dejar muy claro su carácter transversal, porque sus implicaciones serán, lógicamente, agrícolas y ganaderas, pero también ambientales, sociales, territoriales, laborales, fiscales, culturales…
Asimismo, deberá establecer con precisión las diferentes figuras de profesionales de la agricultura familiar, ya sea en actividad principal agraria o en agricultura parcial, con sus matices territoriales y sectoriales.
Habrá que caracterizar a la agricultura familiar y sus nexos con la residencia en el medio rural, el trabajo en la explotación y el esquema de decisiones tomadas en el seno de la familia, con el refuerzo de la titularidad compartida como elemento decisivo para apoyar a las mujeres rurales; al igual que la necesidad de un compromiso público real y efectivo con el relevo generacional.
Pero, sobre todo, es imprescindible delimitar un marco concreto y preciso sobre la priorización de la agricultura familiar en todas las políticas públicas, comenzando por la PAC y todas sus derivadas, pero también en otros muchos ámbitos: seguros agrarios, regulaciones sectoriales, adaptación y mitigación del cambio climático, biodiversidad, innovación tecnológica y transformación digital, sostenibilidad, políticas de aguas…
Sin agricultura y ganadería familiar no hay futuro para el mundo rural. Con la fuerza de este mensaje afronta UPA su contribución a la nueva ley. Si la sociedad española y las fuerzas políticas con capacidad de proponer y aprobar leyes en este momento asumen esta evidencia, podremos presumir, una vez más, que la presión sindical insistente y convencida siempre termina consiguiendo resultados positivos. Esperemos que así sea.