Dado que el Tribunal Constitucional avaló esa ley, el Supremo desestima el recurso y condena a la Junta a pagar las costas del proceso, que no podrán exceder los 6.000 euros.
También el Gobierno de Murcia tendrá que pagar las costas judiciales después de que el alto tribunal haya desestimado sus argumentos, entre ellos el del una supuesta "discriminación" sufrida por los usuarios de Murcia,por efecto de las tarifas aprobadas en relación con los usuarios de otras cuencas y regiones.
Según el Supremo, "las puras alegaciones abstractas sobre la discriminación sufrida en relación con los usuarios de otras cuencas y regiones, sin ofrecer dato fáctico alguno que las avale, no pueden tomarse en consideración, pues la vulneración del principio de igualdad en la aplicación de la norma exige acreditar con nitidez y precisión las situaciones comparadas, lo que en este recurso brilla por su ausencia".