Miguel López Sierra / secretario general de COAG Andalucía
La UE sacrifica la agricultura social y profesional que mantiene vivos nuestros pueblos a cambio de vender más coches y tecnología a los países del Mercosur, grandes potencias agrarias. La comida llegará a Europa en barco y sin garantías sanitarias, perdiendo la seguridad y la soberanía alimentaria. Y todo ello con el inaudito beneplácito del ministro de Agricultura español.
Como si no tuviésemos suficiente con las importaciones agroalimentarias de terceros países que se cuelan por nuestros puertos sin control, desestabilizando el mercado y dañando la salud de todos, el lobby que maneja los hilos en Bruselas ha decidido dar un paso más en su afán especulador y ha abierto las puertas de par en par a la entrada en Europa de alimentos procedentes de los países del Mercado Común del Sur -Mercosur-, bloque compuesto por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.
El acuerdo entre la Unión Europea -UE- y Mercosur-, que se firmó el pasado 6 de diciembre, es un tratado de libre comercio que, si llega a ratificarse próximamente en el Parlamento europeo y en los estatales, traerá consigo un tsunami de perjuicios para un sector agrario que lucha a duras penas por sobrevivir en un mercado salvaje, dominado por la gran distribución, en el que sólo hay normas cada vez más restrictivas para los productores europeos, mientras que las grandes empresas y los fondos de inversión campan a su libre albedrío haciendo lo único que saben hacer: ganar dinero a costa de lo que sea, incluida la salud de los ciudadanos.
Nuestro tejido productivo no puede con más agravios, está en la UCI, masacrado por la subida desorbitada de los costes de producción, importaciones sin control, precios en origen por los suelos, falta de rentabilidad y endeudamiento, normativas europeas cada vez más exigentes, costosas y poco eficaces, una dura y larga sequía y una reforma de la Política Agraria Común -PAC-, que nos ha vuelto a quitar más de 500 millones de euros a los agricultores andaluces, con el objetivo de promover un cambio de modelo productivo en favor de los mercados financieros, en detrimento, del modelo social y profesional de agricultura, que es el que tenemos mayoritariamente en España y en Europa.
A esta dantesca situación se suma ahora la entrada de los alimentos de Mercosur. Más competencia y más desleal si cabe, por mucho que desde Bruselas y desde el Ministerio de Agricultura español digan misa y vendan humo, afirmando que este acuerdo comercial va a beneficiar a sectores concretos.
¿Dónde están los informes y los estudios de mercado que avalan estos cantos de sirena de Von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, y del ministro Planas? Como hemos denunciado las organizaciones agrarias mayoritarias en España -COAG y Asaja-, la firma se ha llevado a cabo sin que oficialmente se hayan analizado las consecuencias de la liberación de productos agroalimentarios con Mercosur, países de un potencial de producción agrario enorme, con millones de hectáreas de superficie agraria, territorios inmensos de pastos y con climas apropiados para la diversidad productiva. De hecho, en estos países ya se están realizando ensayos, promovidos por el ámbito institucional, para la implantación de olivar, un sector estratégico de nuestra agricultura.
Con este acuerdo se abren las barreras del mercado europeo para que alimentos que producimos aquí con todas las garantías sanitarias y de manera sostenible compitan, directamente, con productos agroalimentarios producidos a bajo coste -¡ojo! que no van a ser más baratos para los consumidores-, que van a llegar en barco desde del otro lado del Atlántico, después de veinte días de navegación y su correspondiente huella de carbono, y sin cumplir las medidas de seguridad alimentaria que son obligatorias en el territorio europeo, ya que allí está permitido cultivar con pesticidas perjudiciales para la salud, prohibidas en Europa. Un hecho que pone de manifiesto la hipócrita política ‘verde’ de la UE.
Asimismo, hay que tener en cuenta que no hay garantías de cumplimiento de las cláusulas que recoge el acuerdo, ni el establecimiento de medidas compensatorias para sectores y/o territorios que puedan resultar especialmente afectados, siendo muy difícil además la aplicación de cláusulas de salvaguardia.
Para COAG es fundamental que se considere también (y no se ha hecho) el impacto que puede tener sobre la cohesión territorial. En este sentido, es importante destacar que la actividad agroalimentaria en Andalucía -más de 260.000 explotaciones y casi 6.000 agroindustrias- es clave para el mantenimiento de un mundo rural vivo.
En definitiva, los burócratas de Bruselas han decidido, con las bendiciones de Luis Planas, el peor ministro de Agricultura de la historia, que no ceja en su empeño de atacar a la agricultura social y profesional mientras otros países europeos -con menor peso agrícola- se oponen al acuerdo, perder la soberanía alimentaria, sacrificar al sector agrario y mirar hipócritamente para otro lado en cuanto a la seguridad alimentaria, en un criminal truque para poder vender más coches alemanes y tecnologías, amenazados por la emergente competencia de la industria china.
El asunto es muy grave. Van a llevar al matadero a nuestro tejido productivo, muy profesionalizado y de gran impacto social en el medio rural. Un patrimonio de todos los andaluces, labrado por generaciones a costa de sangre, sudor y lágrimas, que desde COAG no vamos a dejar de defender hasta las últimas consecuencias, así como la seguridad y la soberanía alimentaria. No vamos a permitir que la comida nos llegue en barco, con sustancias cancerígenas y la carne con hormonas y antibióticos. #NoMercosur.