Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos se ha mostrado satisfecha por la estimación por parte del Tribunal Supremo del recurso contencioso-administrativo interpuesto por la organización, bajo la asistencia de la letrada Sra. Ivana Moran, del bufete de abogados dQ advocades de Igualada (Barcelona), contra el Real Decreto 1024/2022, de 13 de diciembre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a asociaciones de autónomos y empresarios para la realización de actuaciones de difusión y acompañamiento entre los colectivos de autónomos, jóvenes empresarios y agricultores y ganaderos en el marco del Programa Kit Digital.Para la organización esta sentencia anula indirectamente unas ayudas directas concedidas a COAG, ASAJA y UPA justificadas con «los votos caducados» de 1998, 1999, 2001 y 2002

La Sentencia número 608/2025, de 22 de mayo de 2025, declara nulas las ayudas directas concedidas por el Gobierno, a propuesta de la Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, de 450.000,00 euros a cada una de las asociaciones en representación de colectivos de agricultores y ganaderos de ASAJA,  COAG y UPA.

El Tribunal Supremo considera que la vulneración del derecho a la igualdad y no discriminación y del derecho de asociación, en el momento del otorgamiento de las subvenciones directas el 2022 a las tres organizaciones, es imputable a la inactividad de los sucesivos Gobiernos del Etado en no aplicar el sistema para la determinación de la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias en el ámbito estatal de la Ley 12/2014.

Añade el Tribunal Supremo que conforme al principio de participación democrática, dispuesto en el artículo 1 de la Constitución, que rige también en la ordenación de la vida económica y social, y, por tanto, también en el ámbito de las organizaciones empresariales, la vulneración de los derechos fundamentales se ha dado en la medida que se prolonga de forma exorbitante la vigencia y la eficacia del apartado 2 de la disposición transitoria única de la Ley 12/2014.

Todo ello, porque el Tribunal Supremo considera que, una vez superado con creces el momento temporal establecido por el legislador en la disposición adicional quinta y la disposición transitoria única de la Ley 12/2014, carece de justificación  mantener un status quo de representatividad de las organizaciones profesionales agrarias ya caducado, beneficiando a aquellas organizaciones profesionales agrarias que obtuvieron su reconocimiento como más representativas al amparo de una normativa derogada, la Ley 10/2009, de 20 de octubre.

Unión de Uniones considera los argumentos de la sentencia un reconocimiento explícito del Tribunal Supremo de la vulneración continuada, por parte de los sucesivos Gobiernos, de los derechos fundamentales de libertad de asociación y no discriminación de los agricultores, ganaderos y silvicultores profesionales españoles y de los que específicamente representa la misma, que para Unión de Uniones se remonta a febrero de 2011, «cuando se reconocieron ASAJA, COAG y UPA como organizaciones profesionales agrarias más representativas en el ámbito estatal, sin hacer públicas las respectivas Resoluciones del Ministerio de Agricultura y basadas en los votos caducados obtenidos en las elecciones en la mayoría de comunidades autónomasde 1998, 1999, 2001 y 2002, suponiendo una exclusión flagrante de los agricultores profesionales y de los trabajadores rurales por cuenta propia que no constaban en el censo de dichos años y que si hubieran constado de celebrarse nuevas elecciones, así como de los que ejercieron su derecho y posteriormente hubiesen delegado su representatividad en otras organizaciones».

Unión de Uniones también quiere recordar que antes del Real Decreto 1024/2022, el Ministerio de Agricultura, «probablemente sabedor de la continuada vulneración de derechos fundamentales a la que sometía a los agricultores profesionales, no dicto y publico norma alguna en la que constase la condición de más representativas de ASAJA, COAG y UPA, lo que supuso que la organización no pudiera solicitar a la justicia la remoción de la situación ilegal, aunque justamente se debe reconocer que el 27 de mayo de 2025 se superó la discriminación de los últimos 14 años, al reconocer la mayor representatividad de la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, en base a la nueva Ley 1/2025, de 1 de abril, que en su disposición derogatoria única derogó la Ley 12/2014″.