Para garantizar un uso eficaz de esos fondos, los Estados miembros tienen que presentar programas de desarrollo rural (PDR) adaptados a necesidades concretas, con objetivos nacionales o regionales.
En cambio, el tribunal llegó a la conclusión de que "no existen pruebas de valor añadido en las subvenciones a la industria alimentaria".
Los auditores europeos, -que examinaron los seis mayores PDR de la UE: Castilla y León (España), Francia, la región del Lacio (Italia), Lituania, Polonia y Rumanía-, constataron que sólo se habían fijado "objetivos generales que no demostraban el modo en que se preveía que la financiación aumentara el valor añadido de los productos agrícolas o mejorara la competitividad de la agricultura".
A pesar de esta falta de especificidad, destacó que la Comisión Europea "aprobó los programas". En su opinión, al "no orientar" los países la financiación a los proyectos con una "necesidad demostrable de ayuda pública", la medida "se convierte en una ayuda general a empresas que invierten en el sector de la transformación alimentaria, con los riesgos añadidos de distorsión de la competencia y despilfarro de los escasos fondos públicos".
En el caso del PDR de Castilla y León, el tribunal alertó de deficiencias en la selección de los proyectos candidatos, y destacó que el "efecto de incentivo" de los criterios de evaluación "se redujo por el predominio de los criterios relacionados con el tamaño de la empresa y con el sector alimentario".
Ayudas que se daban automáticamente
Así, por ejemplo, los beneficiarios de pequeñas y medianas empresas de sectores como el de las frutas y hortalizas recibían, automáticamente, el porcentaje de ayuda máximo del 40 % "independientemente de las demás características del proyecto".
"Es improbable que los porcentajes de ayuda para las empresas de mayor envergadura (…) hayan servido de incentivo suficiente para posibles solicitantes que podrían haber presentado propuestas de proyectos eficaces", apunta el informe.
La corte también criticó que en Castilla y León los proyectos tardaran una media de 14 meses en ser aprobados, un retraso que obligaba a los solicitantes a tener que emprender la inversión ante el riesgo de que su petición de subvención pudiera ser rechazada.
Además, dejó claro que las metodologías utilizadas por España, Francia e Italia "no eran fiables".
En cualquier caso, mencionó como ejemplo de proyecto en Castilla y León con un "aumento claro del valor añadido de los productos agrícolas" una inversión de un millón de euros dedicada a mejorar el proceso de curado de los jamones, a través del aumento de las zonas de almacenamiento y tratamiento y el suministro de nuevos equipos.
En el caso contrario, señaló como proyecto con "aumento mínimo o nulo del valor añadido" una inversión (que consiguió el porcentaje de ayuda máximo, el 40%) para incrementar la capacidad de almacenamiento de un distribuidor de frutas, con el objetivo de permitirle conseguir una mayor cuota de mercado.