Según recuerda la organizacioón agraria en una nota, el Tribunal cita expresamente que en España e Italia, la obligación de respetar esta línea divisoria motivó la modificación de los Planes de Desarrollo Rural de las regiones afectadas y retrasó hasta tres años la ejecución de la medida de inversión de la OCM vitivi¬nícola, restringiéndola además en el caso español a medidas realizadas fuera del territorio nacional. La consecuencia directa de esos errores de planteamiento es que en el período 2009-2013, de los 148 millones de euros previstos, solo se realizaron 295.000 euros en un único proyecto de inversiones.

Son necesarias ayudas para inversiones que no estén ya cubiertas

       La Unión de Uniones comparte la opinión del Tribunal de Cuentas de que las ayudas a las inversiones en el marco de la OCM Vitivinícola, "debe responder a una necesidad identificada de forma precisa que no esté cubierta por las medidas existentes, situación que no se ha acreditado ya que los Estados miembros no han acreditado mediante estudios o análisis la necesidad de poner en  marcha en la OCM medidas a la inversión suplementarias a las de los Planes de Desarrollo Rural", incide la Unión..

     Así, partiendo de la interpretación que la Unión de Uniones hace de las conclusiones del Tribunal, la organización se cuestiona incluso la necesidad de destinar partidas tan importantes de la OCM de Vino para este tipo de medidas, si ya cuentan con un instrumento de financiación a través de las acciones de desarrollo rural y considera "que una parte sustancial de dichos fondos podrían emplearse quizás para financiar determinadas medidas de urgencia, ante crisis del mercado como las que el sector está padeciendo esta campaña".

Críticas al Magrama por no cambiar de forma de actuar

     Pese a estas reflexiones, el Ministerio "ha desoído" las recomendaciones del Tribunal de Cuentas, ya que la medida de inversiones, ha sido incluida nuevamente en el Plan de Apoyo al Sector Vitivinícola y, de hecho, en la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural celebrada el pasado 9 de junio se aprobaron 964 proyectos de inversión, con un presupuesto de 174.844.065 euros para el periodo 2015-2108.

     Finalmente, la organización considera que, puesto que estas inversiones se podrían haber fomentado a través del Desarrollo Rural, tal y como sugiere el Tribunal de Cuentas de la UE, en la adopción de esta decisión por parte del Ministerio no han pesado tanto los objetivos de mejora estructural del sector como la intención de ahorrarse recursos; ya que la financiación de la medida de inversión a través de la OCM corresponde íntegramente a la Unión Europea y las empresas interesadas; mientras que las mismas medidas o similares en los Planes de Desarrollo Rural implican la corresponsabilidad financiera del Estado miembro.

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