La disposición octava justifica en la «eficiencia del sistema productivo» la posibilidad de conceder autorizaciones excepcionales para cazar lobos pero está redactada de manera que, según el recurso del Defensor del Pueblo, «hace que no sea preciso invocar ninguna situación especial o extraordinaria» para ello.

La disposición transitoria única permite la salida del lobo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE) al sur del Duero, una vez se modifique el régimen de protección a nivel comunitario, lo que de hecho ya ha sucedido porque la Unión Europea redujo recientemente ese nivel.

En cuanto a la disposición decimonovena, saca a las poblaciones de esta especie al norte del Duero directamente del Lespre.

POLÉMICA POLÍTICA: EL PSOE PIDE RESPETO; EL PP LE ACUSA DE USO DE LAS INSTITUCIONES

La admisión a trámite del recurso ha abierto un nuevo enfrentamiento entre socialistas y populares. El PSOE ha pedido respeto a la decisión del Tribunal Constitucional de admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad promovido por el Defensor del Pueblo contra la normativa que facilitaba la caza del lobo ibérico mientras el PP cree que los socialistas y el Miteco están «utilizando las instituciones».

En una comunicación remitida a Efeagro, fuentes del Grupo Socialista en el Congreso han pedido «máximo respeto a la decisión del Tribunal Constitucional, así como a la propuesta realizada por el Defensor del Pueblo».

«Seguimos apostando por la convivencia y coexistencia del lobo ibérico con la ganadería extensiva basada en criterios científicos, tal y como hace este Grupo y el Ministerio», han reseñado.

Por su parte, la diputada del PP Milagros Marcos, una de las impulsoras del articulado para rebajar la protección del lobo, cree que esta admisión a trámite pone de relieve que «el PSOE y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico se saltan las leyes cuando no les gustan, utilizando las instituciones que han puesto a su servicio, como el TC».

Para Marcos, la ley es «absolutamente constitucional» y «no incumple ningún precepto».