El Tribunal Supremo suspende cautelarmente la norma que establecía que el plazo de validez de las ITV se contabilizara a partir de la inspección realizada descontando el periodo de prórroga que se concedió por el estado de alarma debido a la pandemia del coronavirus, lo que provocaba que mucha maquinaria agrícola tuviera que pasar, y pagar, dos ITV cada seis meses.

UPA Castilla y León solicitó los pasados meses de junio, julio y agosto que se resolviera el problema detectado, y que también afectaba al sector agrario, por el cual un agricultor/ganadero podría verse afectado al tener que pasar la ITV dos veces, en vez de una, cada seis meses. Sería en los casos en los que al titular de un vehículo agrario (furgoneta, Pick-up…) le hubiera caducado su tarjeta en el periodo que va del 10 de marzo hasta el inicio de la apertura de las ITV, y por lo tanto en esta casuística tuviera que pasar la inspección un par de veces en ese corto periodo de tiempo.

Esta decisión del Alto Tribunal supone a efectos prácticos que la fecha de realización de las ITV, debido al cierre de las estaciones por el estado de alarma, y por lo tanto el periodo de prórroga no quede recortado de manera artificial provocando el efecto de obligar a los particulares a realizar la siguiente revisión antes de lo previsto.

UPA valora muy positivamente la labor reivindicativa de colectivos que como esta organización denunciaron el enorme perjuicio económico que supondría pagar dos veces la tasa de la inspección obligatoria con apenas días de diferencia. «No era lógico que se pretenda imponer obligaciones tan injustificadas con la pretensión de asegurar la supervivencia económica de las estaciones de ITV a costa de imponer cargas a los particulares», señalan en una nota.

Porello, UPA muestra su satisfacción por la decisión del Tribunal Supremo que suspende cautelarmente la norma, «puesto que como argumentábamos en nuestra denuncia pública era absolutamente necesario que se rectificara lo que parecía una maniobra claramente recaudatoria. En este sentido, consideramos que esta corrección devuelve la cordura normativa a unos servicios que como los de la ITV tienen la obligación de responder con calidad y confianza a los ciudadanos».