La senadora del Grupo Parlamentario Popular María Elvira Larriba ha subrayado que "el Gobierno ya está haciendo todo lo posible" para fortalecer al sector productor y reequilibrar la cadena.
Elvira enumeró la batería de iniciativas impulsadas por el Ejecutivo, como los convenios con industrias y gran distribución -que permitirá crear una etiqueta de calidad para la leche que retribuye adecuadamente a los ganaderos-, el desarrollo del "paquete lácteo", las medidas de control de calidad o las últimas ayudas de la Unión Europea de 31 millones de euros.
La moción fue rechazada con los votos en contra del PP, ninguna abstención y el voto a favor del resto de las formaciones.
Tampoco salió adelante la moción en la que EPC planteaba una normativa nacional que garantizara el cultivo de maíz no transgénico para abastecer las necesidades de las producciones ecológicas que consumen este cereal, defendida por el senador Francisco Boya.
La moción ha sido rechazada con la oposición del PP, el apoyo del PSOE y la abstención de PNV y CiU -que consideraron que son las comunidades autónomas las competentes para ello-.
El grupo proponente pidió un marco y una normativa que garanticen la coexistencia y la creación de zonas libres de transgénicos para evitar la contaminación de plantaciones convencionales o ecológicas por polinización, y compensaciones a los agricultores afectados.
Desde el PSOE, Félix Montes ha apoyado la moción y ha pedido una normativa de coexistencia en España con "prudencia, transparencia, consenso, sin presiones de grupos de interés y con criterios científicos", ya que no se trata de "ir contra nadie", sino de garantizar el abastecimiento a ciertas producciones ecológicas.
El senador del PP Sebastián Ruiz no ha considerado necesario impulsar una normativa, porque la coexistencia entre producción transgénica y convencional y ecológica "es una auténtica realidad" y se podría coartar la libertad de elección de los agricultores.
Como muestra de esta normalidad, Ruiz ha apuntado que España fue, por cuarto año consecutivo, el mayor productor europeo de agricultura ecológica, que también es relevante en regiones como Aragón -pese a que esta última lidera también el maíz transgénico-.
Ruiz ha recordado que la UE autorizó el cultivo transgénico MON 810 porque no perjudica a consumidores, ni al medio ambiente, que hasta ahora no hay denuncias por contaminación de maíz ecológico, ni tampoco se ha constatado ningún caso de contaminación genética.
En su opinión, limitar el maíz OGM en Aragón o Cataluña implicaría la afección de la dañina plaga del taladro, más los costes en insecticidas para combatirlo.
De igual forma, en cuanto al consumo de productos ecológicos en los comedores públicos el senador de EPC Francisco Boya defendió una moción por la que pedía al Gobierno que impulsara el consumo de alimentos procedentes de la agricultura ecológica en los comedores, restaurantes e instalaciones de carácter público, que también fue rechazada.
En su intervención, EPC animaba al Ejecutivo a establecer medidas para que las empresas que concurren a las licitaciones de estos servicios de restauración incorporen los productos ecológicos para aumentar su consumo y como "equilibrio" en el mercado frente a una agricultura más "industrial".
La senador del PP, Marina Moya, ha respondido a Boya que el Gobierno "no tiene ni competencias, ni capacidad para imponer al resto de Administraciones" que hagan pliegos de condiciones para contratar menús ecológicos lo que, a su juicio, invadiría las competencias autonómicas.
El resto de formaciones apoyaron la moción a grandes rasgos, aunque en algunos casos, los Grupos solicitaron que este apoyo no afectara sólo a la agricultura ecológica, sino que también incidiera en fortalecer los canales cortos de comercialización y beneficiara a más productos, como la pesca.
La moción fue rechazada con los votos en contra del PP, ninguna abstención y el voto a favor del resto de las formaciones.