EFE.- El senador popular Diego Sánchez ha justificado su oposición a la moción, apoyada por el resto de formaciones, por considerar que supondría una pérdida de recaudación para las arcas estatales "difícil" de asumir en el contexto actual, lo que a su juicio no resulta conveniente.
Ha añadido que la Comisión Europea considera que aplicar el tipo reducido de IVA "no suele ser el instrumento más adecuado" a la hora de fomentar el consumo y a menudo se traduce "en meros subsidios".
En su defensa de la moción, el senador de Entesa Francisco Boya ha argumentado que la subida de los costes eléctricos para el regadío, que ya supone el 30 % del total, hace "inviable" el uso racional del agua en muchas explotaciones, que se están planteando volver otra vez al riego por gravedad por su menor coste.
Ha criticado que se "castigue" a aquellos que racionalizan el uso agua con precios que hacen inviables estos sistemas de riego.
En el mismo sentido se ha pronunciado el senador de CiU Manel Planas, quien ha afirmado que el encarecimiento de la energía pone en "riesgo evidente" la capacidad de sobrevivir de muchos agricultores, por lo que ha pedido una "discriminación positiva para el sector.
Planas presentó una moción, aceptada por Entesa, en la que además de la reducción del IVA se proponía la creación de una energía profesional agraria con coste reducido y el pago por el consumo real en lugar del contratado.
Desde el Grupo Socialista, Félix Montes también se ha criticado la oposición del PP por considerar que "ahoga" a impuestos a los productores, lo que en su opinión es una "incoherencia" con las declaraciones de apoyo al sector realizadas desde el Gobierno.
La Comisión de Agricultura del Senado ha debatido también otra moción que se ha rechazado, en este caso presentada por los socialistas, y que instaba al Gobierno a instrumentar nuevos convenios con las diputaciones provinciales para generar empleo en zonas que han sufrido despoblación.
En la defensa de la iniciativa, el senador del PSOE Antonio Arrufat se ha referido en particular a las provincias de Teruel, Soria y Zamora, que desde 1950 han sufrido pérdidas de población del 42, 40 y 37 %, respectivamente.
La moción reclamaba convenios para apoyar la iniciativa privada y la creación de empleo, principalmente femenino, para fijar población, así como invertir en infraestructuras y servicios que faciliten la conciliación familiar.
Por parte del PP, la senadora Marina Moya ha considerado que la moción debería ser retirada ya que actualmente se están ejecutando convenios con las tres diputaciones citadas.
Ha destacado que para 2012 los presupuestos estatales recogen sendas partidas de medio millón de euros para Soria y Zamora, a las que se suman otros 250.000 euros en los de 2013 para cada una.
Ha achacado a la "falta de entendimiento" entre estas dos diputaciones y el delegado del Gobierno anterior el motivo por el que no han desarrollado los convenios en 2010 y 2011.
Además, ha recordado que en el último Consejo de Ministros se acordó una subvención para Teruel por 30 millones de euros, dentro de un programa para el periodo 2012 y 2016.