Asimismo, la comisión de Agricultura ha rechazado un veto propuesto por Ester Capella (Esquerra Republicana), quien argumentó que el proyecto no garantiza lo suficiente los derechos de los consumidores, ni incluye medidas contra las cláusulas abusivas de precios.
Capella ha señalado que la futura ley "parece más una guía de buenas conductas que una fuerza legal que obligue a relaciones comerciales seguras" entre agricultores, industria y distribución.
Por el contrario, el senador popular Diego Sánchez Duque ha defendido el proyecto legislativo, con el que el Gobierno pretende "corregir" las desigualdades en la cadena de producción alimentaria, así como introducir "más equilibrio" y transparencia entre los operadores, "evitando prácticas que perjudican al consumidor".
Sánchez Duque ha remarcado que la futura regulación mejorará la capacidad de negociación de los "eslabones más débiles".
El proyecto de Ley de mejora de la Cadena Alimentaria fue aprobado por el Congreso de los Diputados en mayo, aunque sin contar con el consenso de los grupos parlamentarios.
Se han aceptado algunas enmiendas aunque aún no hay consenso
Desde entonces, y según el informe aprobado por la comisión de Agricultura del Senado, se han incorporado algunas enmiendas.
Entre las enmiendas, destaca la introducción de la figura de un mediador, en caso de desacuerdo entre organizaciones de productores -agrícolas o ganaderos- y compradores acerca del precio de los contratos alimentarios y que actuará a petición de cualquiera de las partes.
El contenido de dicha mediación -que funcionará para la primera venta de productos agrarios sin transformar- no será vinculante, salvo que las partes lo acuerden con carácter previo.
El Senado debatirá también el mismo día (11 de julio) el proyecto de ley de integración de cooperativos y otros operadores agroalimentarios.