Ha precisado que, de los 89 millones de alimentos válidos que se desperdician en Europa, un 42 % se produce en los hogares, el 14% en la restauración y el 5% en la distribución; lo que a su juicio significa que "más del 60% del desperdicio (unos 7,7 millones de toneladas) podría evitarse con medidas sencillas de coste cero".
"No es de recibo que en España se desperdicien alimentos y el deber de las instituciones públicas es evitarlo y reducir su impacto económico, social, humanitario y sanitario", ha señalado.
A pesar del consenso general respecto a la moción, la parlamentaria socialista María Elena Diego Castellano ha recriminado al PP que su propuesta "llega tarde" y "es descafeinada", por lo que ha considerado el acuerdo en torno a ella como "de mínimos".
El problema del desperdicio es, según la senadora, de pobreza, ya que cada vez hay más gente que se ve obligada a hacer cola todos los días en los Bancos de Alimentos para nutrirse, una situación "de urgencia vital".
"No se puede venir aquí con buenas intenciones y códigos de buenas prácticas al mismo tiempo que se apoya la sangría de recortes que se están cebando con medidas sociales, imprescindibles para luchar contra la pobreza", ha reprochado Diego Castellano.
Desde las filas de CIU, el senador Manel Plana Farran ha pedido medidas "inmediatas" y "efectivas" contra el desperdicio de alimentos, una cuestión que, según ha detallado, "no es solo económica y social, sino también ética y estética".
"Las empresas ya han incluido el desperdicio en sus planes de Responsabilidad Social Corporativa, pero lo que me da miedo es que todavía no se hable de la responsabilidad de ayuntamientos, gobiernos regionales y otras instituciones públicas", ha indicado Plana.
Sólo el 20% de los establecimientos donan sus excedentes
En representación de Entesa Catalana, Francisco Boya Alós ha coincidido en que el despilfarro es sobre todo un "problema ético" y ha pedido que se deje de considerar los alimentos como bienes de consumo, sino como "bienes públicos de primera necesidad".
Boya Alós ha señalado que solo el 20% de los establecimientos alimentos donan sus excedentes, por lo que ha propuesto trabajar para incrementar esa cifra y ha citado como ejemplo -"quizá demasiado ambicioso"- un plan de transparencia en la gestión alimentaria de Noruega, según el cual "ninguna persona tiene derecho a desperdiciar alimentos".
Por su parte, el parlamentario del PNV, José María Cazalis, ha centrado su intervención en la ley de la Cadena Alimentaria, que está a punto de pasar al Senado para su trámite parlamentario, ya que, bajo su punto de vista, elude algunas cuestiones que pueden ser claves para mitigar los excedentes alimentarios.
Se ha referido a la optimización de envases -"porque la gente debe comparar necesariamente cuatro yogures si solo quiere uno"-, y la prohibición de vender alimentos por debajo de precio de su coste de producción.