EFE.- La Cámara ha rechazado además cinco vetos presentados por PSOE, IU, ERC, PSC e ICV; y de las 185 enmiendas al texto, el grupo popular solo ha aceptado una de CIU y ha transaccionado otra con este mismo grupo a última hora.
En el turno de defensa de los vetos, Miguel Fidalgo (PSOE) ha juzgado que se trata de "una contrarreforma que regala lo público a lo privado", mientras que Jesús Enrique Iglesias (IU) ha subrayado que el texto establece los cauces para la legalización de la mayor parte de "los desaguisados" e incumplimientos de la ley de 1988, en la época de la burbuja inmobiliaria.
Para Joan Sabaté Borrás (PSC), la norma favorece los procesos especulativos en zonas que hasta hoy eran protegidas y de dominio público, mientras que Ester Capella (ERC) la ha calificado de "imprudente, gravosa para todos los españoles, y desleal con la Constitución".
Por su parte, Joan Saura (ICV) ha considerado que la ley "desprotege y privatiza" y sirve a intereses privados con nombres y apellidos, entre ellos, según ha dicho, el del empresario y exministro popular Abel Matutes.
En respuesta a todos ellos, Antonio Sanz Cabello (GP) les ha acusado de "hacer política de titulares, construir vetos a base de tópicos" y ha considerado un acierto dar mayor seguridad a los cerca de 3.000 chiringuitos de playas, que solo en Andalucía dan empleo a 40.000 personas.
José María Cazalis (PNV) ha defendido que la reforma pudiera amnistiar bienes registrados hace más de un siglo, y ha vaticinado que habrá muchos problemas jurídicos con la nueva reforma.
Para Pere Maluquer (CIU), la ley renuncia a regular qué tipo de costa se quiere en el futuro e invade competencias, en tanto que Narvay Quintero (CC) ha reprochado que no se hayan tenido en cuenta las singularidades canarias y sus núcleos pintorescos.
El grupo popular ha vuelto a reiterar el argumento de que el objetivo de esta reforma es poner fin a la inseguridad jurídica que generó la anterior ley y que determinó en su día qué franjas de los casi 8.000 kilómetros de litoral español, pasaban a ser de dominio público marítimo-terrestre con el fin de protegerlas.
Las propiedades privadas construidas legalmente antes de 1988 vieron cómo sus terrenos se convertían en públicos y a sus propietarios se les concedía una concesión de disfrute de 30 años.
Con la reforma se han ampliado estas concesiones 75 años más.
La ley que hoy sale del Senado incorpora algunos cambios que permitirán dar usos lúdicos a las playas urbanas y usos comerciales a los puertos, así como la concesión de 35 años para los puertos deportivos.
Asimismo se reduce la franja de protección del litoral de 100 a 20 metros, para núcleos no urbanos que cumplen una serie de requisitos, pero no permite nuevas construcciones en ellos.
El texto será ahora remitido al Congreso, donde se votará para su aprobación definitiva.