Responsables de algunas las principales organizaciones agrarias del país han reclamado al Gobierno a que actúe ante el aumento de las importaciones de aceite de países extranjeros, lo que vinculan con la caída de precios que sufren los olivareros en el campo.
Así se lo han transmitido este lunes 1 representantes de ASAJA, COAG y UPA al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, quien ha arrancado una ronda de reuniones por videoconferencia con los responsables de los distintos eslabones de la cadena del sector del aceite y la aceituna que se prolongará desde hasta el jueves.
El cumplimiento de la ley de la cadena -para no permitir que se paguen precios inferiores a los costes de producción-, la activación de mecanismos de autorregulación y una nueva norma de calidad forman parte del paquete de medidas planteado por Planas para mejorar la situación, según han coincidido en revelar sus interlocutores.
Uno de los factores en discusión ha sido el fuerte aumento de las importaciones de aceite de oliva de otros países, que suman más de 200.000 toneladas en lo que va de año.
Al respecto, COAG ha solicitado al Gobierno «limitar» las compras al exterior de este producto, UPA ha denunciado las «malas artes» de la industria envasadora por «inundar» el mercado con aceite extranjero, mientras que desde Asaja han pedido que se exija «trazabilidad» y que no se permitan mezclas.
Los precios se están fijando «en base a movimientos especulativos y no a la ley de la oferta y la demanda»
El presidente de Asaja, Pedro Barato, ha calificado en declaraciones a Efeagro de positivas las propuestas del Ejecutivo, aunque ha incidido en que una de las claves será la respuesta de Cooperativas y de la industria al proyecto.
«Las medidas son potentes y el momento es el apropiado, pero hay que ver cómo actúa el resto de los agentes de la cadena», ha señalado Barato.
Desde COAG han incidido en la situación de «quiebra técnica» que viven los olivareros debido a que los precios en origen -en niveles históricamente bajos, entre 1,6 y 1,95 euros por litro en función de calidades- se están fijando «en base a movimientos especulativos y no a la ley de la oferta y la demanda».
En este sentido, han exigido al Ministerio que la ley de la cadena -recientemente modificada- se implemente para que sea efectiva, a lo que se añadirían medidas de autorregulación para poder retirar aceite del mercado y la aprobación de una nueva norma de calidad ya en preparación que debería «marcar un antes y un después».
Los portavoces de UPA, por su parte, han acusado directamente a la industria envasadora de ser la principal responsable de los bajos precios que se paga a los agricultores olivareros, y han pedido que la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) despliegue «una inspección de oficio» entre las grandes empresas que conforman el sector.
En su opinión, «la ley de la cadena se está incumpliendo en España» debido a que existe «miedo a denunciar».