Los productores y comercializadores de frutas y hortalizas frescas comienzan el año con incertidumbre y están pendientes de cómo evoluciona la fuerte subida de los costes, la inflación, el marco de ayudas comunitarias y la aplicación real de la Ley de la Cadena Aimentaria y de la reforma laboral.
El director de la federación de productores y exportadores de frutas y hortalizas Fepex, José María Pozancos, ha remarcado que en 2022 concluirá el desarrollo normativo de la Política Agrícola Común (PAC) y que para el sector «es imprescindible» que el modelo nacional incluya el acceso a las ayudas directas de todo el sector.
Ha mencionado que aún queda por ver cómo se regulan para la PAC 2023/27 las «intervenciones» en el sector de frutas y hortalizas, ya que está prevista la revisión de la normativa sobre el reconocimiento de las organizaciones de productores y de los fondos y programas operativos.
Sobre los fondos de recuperación europeos por de la crisis de la covid-19, ha considerado que hay que aprovecharlos para «mejorar de la competitividad y el nivel tecnológico de las explotaciones», aunque a la vez ha lamentado que el presupuesto para ello «no es proporcional a los retos existentes».
PREOCUPA CÓMO MARCA BRUSELAS LA TRANSICIÓN HACIA UN NUEVO MODELO DE EXPLOTACIÓN EN EL ÁMBITO DEL PACTO VERDE SIN PERDER COMPETITIVIDAD
A su juicio, una de las «cuestiones básicas» para este ejercicio es «cómo se formalizará la adecuación de la Ley de la cadena a las obligaciones comerciales de nuestros principales mercados de destino exteriores», ya que la normativa nacional es más exigente que la de otros vecinos que también exportan, como Países Bajos o Francia.
El director de Fepex ha apuntado que estarán pendientes de cómo marca Bruselas la transición hacia un nuevo modelo de explotación en el ámbito del Pacto Verde sin perder competitividad, en un contexto en el que ya hay un «desequilibrio» en el crecimiento del comercio exterior a favor de las importaciones no comunitarias.
Entre las tareas pendientes de resolver en los próximos meses, ha indicado que aún queda por saber cómo se van a poder obtener de forma digital los certificados sanitarios para exportar al Reino Unido a partir del 1 de julio próximo.
También, cómo se va a «compaginar la nueva reforma laboral con la situación estructural del sector agropecuario», en el que, por ejemplo, hay campañas de seis meses, o saber si el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) va a defender en Bruselas la imposición de «aranceles verdes» para las importaciones.
Pozancos ha mostrado su preocupación por si «la subida de la inflación en los próximos meses pasa de ser coyuntural a estructural», ya que si se produce, sería en un contexto de incremento de costes y habría que revisar todo el modelo productivo.
NO SE SABE CÓMO LA APLICACIÓN DE LA REFORMA LABORAL PODRÁ AFECTAR A LA ACTIVIDAD DEL SECTOR
Ha defendido que en este ejercicio se impulsen en el sector «plataformas digitales colaborativas» con el objetivo de establecer medidas y acuerdos que permitan el intercambio amplio de información, de cara a la planificación de las campañas.
En la organización ASAJA, el responsable técnico de frutas y hortalizas, José Ugarrio, se ha mostrado esperanzado en que este año «la cadena alimentaria sea capaz de retribuir a los agricultores como exige la ley», pese al alza del precio de la energía, el plástico, el cartón o la mano de obra, entre otros costes de producción.
El responsable hortofrutícola de COAG, Andrés Góngora, también confía en que la aplicación de la nueva reforma laboral no provoque problemas en la actividad del sector y que el ministro Planas aclare cómo el Plan Estratégico de España para la PAC va fijar las condiciones para nuevos accesos al cobro de pagos directos.
El presidente de los mercados mayoristas de frutas y hortalizas de España (Coemfe), Andrés Suárez, al igual que Ugarrio y Góngora, ha recibido 2022 con «incertidumbre» y con el deseo de que este año sea bueno pese a la incorporación de una serie de costes, como el de las medidas sanitarias y las bajas laborales por covid o la energía, que según él aún no se han trasladado totalmente a los precios.
El sector mayorista también tiene en el horizonte la preocupación de qué va a pasar con los peajes de carreteras para los transportistas de frutas y hortalizas, y si la subida de precios va a frenar el crecimiento del consumo ganado en 2020 y va a restar competitividad al producto nacional frente al de Marruecos.