"Los montes de utilidad pública, en especial los que son propiedad pública, son la columna vertebral del mantenimiento de servicios ecosistémicos fundamentales para el resto de actividades económicas, manteniendo además una función social importante en términos de uso recreativo, cultural y también de empleo" ha señalado Elías Bayarri, de la Asociación de Forestales (Profor).
El Gobierno de la Junta de Castilla-La Mancha ha reconocido que está valorando poner a la venta una parte muy importante de los montes de Utilidad Pública propiedad de esta comunidad autónoma, así como otros espacios forestales de su titularidad. De los 228 montes de utilidad pública existentes en Castilla-La Mancha, que protegen una superficie de 170.471 hectáreas, el Gobierno ha identificado 57 susceptibles de venta, que suman una superficie total de 40.038 hectáreas.
"Vender este patrimonio público que tanto ha costado consolidar tiene un enorme impacto ambiental, social y económico" ha declarado Miguel Ángel Hernández, de Ecologistas en Acción, además, "detrás de la medida se esconde una modificación legislativa a nivel estatal que traería consigo una cascada de ventas en toda España".
Según el manifiesto, los Montes de Utilidad Pública son montes de titularidad pública que han sido declarados como tales por satisfacer necesidades de interés general, al desempeñar, preferentemente, funciones de carácter protector, social o ambiental. Estos montes y el resto de montes de titularidad pública cumplen funciones sociales, mejorando la calidad de vida, contribuyendo a la protección de la salud pública y del medio ambiente general, y a la mejora de las condiciones sociales, laborales y económicas de las poblaciones vinculadas el medio rural.
El origen del actual Catálogo de Montes de Utilidad Pública es el resultado del trabajo de la primera generación de Ingenieros de Montes en España en defensa de la superficie forestal arbolada previa al proceso desamortizador de la segunda mitad del siglo XIX, en especial la Ley de Desamortización General de Pascual Madoz de 1855. Durante este proceso, la ley exceptuó de la enajenación y subasta pública "los montes y los bosques cuya venta no crea oportuna el Gobierno". Gracias a esta excepción muchas de las masas forestales que componen el actual paisaje forestal de nuestro territorio se salvaron de un futuro incierto.
"Es muy preocupante que en vísperas de la reforma de la Ley de Montes anunciada por el Gobierno empiece a hablarse de la venta del patrimonio forestal público" ha declarado Miguel Ángel Soto, de Greenpeace España. "En Castilla-La Mancha hablan de vender, en la Comunidad Valenciana de alquiler por 20 años y en la Comunidad de Madrid de convertir montes de utilidad pública en campos de golf. Todo suena a lo mismo, privatización".