La semana próxima, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y las organizaciones agrarias analizarán una propuesta de Real Decreto que, con carácter de urgencia, quiere aprobar ese Departamento para retirar entre 3,5 y 4 millones de hectolitros por un período máximo de seis meses.
Controversia por el almacenamiento obligatorio de 4 millones de hectolitros
Esta Orden Ministerial sería de aplicación obligatoria, en virtud del articulo 167 de la OCM única en España, que prevé esta posibilidad de retirada para mejorar y estabilizar el mercado.
El Magrama recoge incluso que las comunidades afectadas por el RD "deberían precintar los depósitos bodega por bodega", un sistema de control muy exhaustivo para evitar que llegue vino al mercado.
Pero la iniciativa no gusta a los productores y cooperativas, que hasta la fecha han venido exigiendo a la ministra una destilación extraordinaria o de crisis, lo que significaría retirar de forma permanente de la circulación (y no temporal, como la iniciativa que lanza el Magrama), de unos stocks que llenan depósitos y almacenes.
"Sería difícil de explicar un gasto de 80 millones de euros en la compra de 4 millones de hl de vino, y no solucionaría los problemas, como el propio sector reconoce", ha dicho la ministra Isabel García Tejerina, con lo que zanja esa destilación urgente o "de crisis".
Pero el sector del vino tiene un "plan B" y, en la reunión prevista para la próxima semana, algunas organizaciones se opondrán firmemente al almacenamiento de mínimos que proyecta el Gobierno y reclamarán un acuerdo hasta ahora novedoso: la retirada definitiva del mercado de producto para elaborar biocarburante (bioetanol).
Una solución que podría financiarse por el propio sector y que no costaría ni un euro a las arcas públicas pero, por contra, podría ser la solución ideal -dicen- para recuperar la normalidad.
El Magrama insiste inicialmente en el almacenamiento….
De momento, la propuesta del Magrama, plantea almacenar durante seis meses a contar desde el 30 de septiembre "a más tardar", de 3,5 a 4 millones de hl de vino blanco sin indicación geográfica (SIG), incluidos los varietales.
Los productores obligados a almacenar vino serían aquellos que hayan obtenido rendimientos altos en 2013-2014 y no hayan vendido producto, detalla el borrador de propuesta.
"El Gobierno consideraría excedentaria a la región cuya producción de vino sea significativa en el conjunto de España y cuya producción en la campaña 2013-2014 hay sido superior en un 50% o más a la media de las cuatro últimas campañas", recoge el documento.
… y el sector cree que sólo retrasa el problema
En fuentes del sector agrario recuerdan que el almacenamiento que defiende el Gobierno no solucionaría el problema, sino que lo retrasaría en el tiempo y lo agravaría: la materia prima guardada debería volver al mercado -quizás con pérdida de calidad, lo que dañaría la imagen del producto- y derrumbaría los precios.
La semana próxima será, por tanto, decisiva para el futuro del sector, especialmente en Castilla-La Mancha y Extremadura, donde se acumulan los mayores excedentes que lastran los precios.
UPA-UCE
Por su parte, en la reunión que mantuvieron en Villafranca de los Barros representantes del sector productor de vino de la Región (Opas y Cooperativas) el 3 de julio , decidieron que ante el hundimiento de los precios del vino y la insuficiente capacidad para recepcionar la cosecha de esta campaña, van a comunicar al Consejero de Agricultura de Extremadura, que junto con el sector productor, soliciten al Ministerio de Agricultura la inmediata apertura de la Destilación de Crisis para eliminar los excedentes y reactivar el mercado, según señala UPA-UCE en una nota.
Igualmente se acordó que es imprescindible la regulación del sector para evitar situaciones como las actuales y que se cumplan por todas las partes los compromisos que se han adquirido. De igual modo se apostó por fomentar los contratos para la producción y consumos de mostos como otra herramienta que permita desatascar los excedentes de la vendimia que se avecina.
Para los asistentes, el control de las importaciones es fundamental, como complemento de una regulación de las producciones internas, por ello señalan que "entendemos que no tiene sentido obligar a nuestros viticultores a producir menos cantidades y que por otro lado se estén fomentando las importaciones".
La Unión de Uniones recha la postura del Magrama y advierte de sus consecuencias
Por su parte, la Unión de Uniones cree que el Ministerio de Agricultura propone al sector productor dos medidas encaminadas a regular el sector. La primera, la vendimia en verde, "que la llevamos reclamando más de 4 años sin que se nos haya hecho caso alguno". Ahora, con el panorama actual, esta medida "es inoperante de cara a los stocks que se prevé se acumulen, ya que de entrar en vigor sería en todo caso de cara a la campaña 2014/2015". La segunda, el almacenamiento privado por un periodo de 6 meses, tal como ha sido anunciada por el Ministerio, obligatoria y sin ayuda de financiación, "solo traería consigo arrastrar el problema más tiempo, y según la calidad de algunas partidas, no mejoraran con esta medida sus posibilidades de comercialización futuras", según indican en una nota.
En su opinión, la normativa comunitaria tiene previsto actuaciones para paliar de manera puntual estos problemas, como son las destilaciones de crisis, y una vez solventada la situación, hay que regular el sector, valorar los controles en la producción a través de la cosecha en verde, control de las importaciones, etc. Con la normativa actual, "nos preguntamos si la Administración puede asegurar que si a través de regulación de las producciones disminuimos 3 millones de hl la producción nacional, los grandes industriales no van a importar estas cantidades para que sigan los precios hundidos".
Si se añaden las existencias de 33,9 millones de hl de vino de la campaña anterior, (cantidad estimada recientemente por el sector) a la cosecha de este año, de una cuantía cercana a los 53 millones de hl, "la oferta estará desequilibrada de tal manera que los precios tanto de la uva como de los vinos no cubrirán costes y esta es una situación que el sector no está dispuesto a consentir y en menor medida si tenemos a la Administración cómplice por inactividad de estas circunstancias".