"Confiamos en que la ministra cumpla, ella ha sido tajante y es la satisfacción que nos llevamos, aunque no haya un acuerdo firmado", ha añadido.
La Plataforma ha insistido en lo que considera una deuda de las dos Administraciones, que data de 2010 cuanto la Unión Europea (UE) autorizó un plan estratégico de ayuda a los productores de tomate, en el marco del Programa Europeo por la Insularidad (Posei).
Los afectados culpan tanto al Gobierno central como al regional
Según los datos de la Plataforma, entre 2010 y 2013 el Gobierno central y el autonómico incumplieron los compromisos del Posei y dejaron de pagarles 22 millones de euros.
A esta suma se añadirían ayudas al transporte, con lo que, para la Plataforma, el impago podría ascender globalmente a 40 millones.
Rodríguez ha señalado que al no abonarse esas cantidades las empresas se endeudaron e invirtieron en modernización e infraestructuras, porque estaban en "un brete" y tenían que hacer frente a factores como la competencia de Marruecos o los costes de exportación a la Península.
Ahora las entidades bancarias reclaman el dinero de los créditos que otorgaron y el sector "no tiene manera de pagarlos", ha apuntado. Para que la zafra pueda comenzar, ha remarcado, es necesaria dicha liquidez inmediata de 14 millones.
En la reunión no se trató "el gran escollo, las ayudas al transporte", para lo que el sector espera una reunión con la ministra de Fomento, Ana Pastor.
Un primer paso a tres bandas para mantener vivo al sector
Si no hay financiación urgente, ha subrayado Rodríguez, las empresas cerrarán y se pondrá en peligro un segmento agrícola que genera 20.000 puestos de trabajo en una autonomía como Canarias, con alto índice de paro.
Por su parte, el consejero de Agricultura ha explicado que "se ha iniciado un trabajo entre las tres partes para valorar, en primer término, los costes para el inicio de campaña, y una vez evaluado ver cómo conseguimos suficiencia financiera que permita mantener el sector".
Hernández ha recordado que, tanto el Gobierno canario como el Ministerio, consideran que la deuda con los productores es "jurídica, pero no técnica", si bien ahora se trata de cuantificar una solución, aunque en todo caso hay "buena disposición" de García Tejerina