El sector agroalimentario ha calificado de positiva la sentencia que declara nulo el decreto del Gobierno catalán que regulaba el impuesto sobre las bebidas azucaradas, una tasa que denunciaron a finales de 2017 por considerar que provoca «inseguridad jurídica».

El recurso fue presentado formalmente por representantes de las organizaciones agrarias (Cooperativas Agro-Alimentarias, Asaja, COAG y UPA), la industria alimentaria (FIAB y Promarca), de las cadenas de supermercados (Aces, Anged y Asedas), las empresas de gran consumo (Aecoc) y de la patronal Marcas de Restauración.

En un comunicado, el sector agroalimentario ha incidido este jueves 11 nada más conocer el fallo en que la normativa –vigente desde hace más de año y medio– ha generado «pérdida de competitividad e inseguridad jurídica a las compañías que operan en Cataluña».

Ha apuntado, asimismo, que esta tasa es «una medida injustificada, puramente recaudatoria y que afectaba negativamente a toda la cadena y a los propios consumidores».

El TSJC ha decidido estimar el recurso interpuesto por estas entidades al considerar que el Ejecutivo catalán prescindió de los trámites esenciales de consulta, audiencia e información públicas a la hora de aprobar este decreto.

De esta forma, el tribunal no ha entrado a analizar el fondo de la cuestión y ha optado por declararlo nulo por defectos de forma.

El Gobierno catalán insiste en que se seguirá pagando el impuesto a bebidas azucaradas

Por su parte, el vicepresidente del Gobierno catalán, Pere Aragonès, ha asegurado este jueves que el impuesto catalán a las bebidas azucaradas se seguirá pagando y que el Govern trabajará para lograr que el reglamento que despliega esta ley, ahora anulado judicialmente, «vuelva a estar vigente» lo antes posible.

Aragonès ha querido aclarar que «el impuesto no está anulado, sino el reglamento que desarrolla aspectos técnicos», y ha sentenciado: «El oligopolio de la industria alimentaria que ha puesto en el punto de mira este impuesto desde el primer día no nos tumbará».

«La ley del impuesto sigue vigente y el impuesto se tendrá que pagar», ha asegurado Aragonès, que ha precisado que el Govern «volverá a aprobar» aquellos aspectos técnicos incluidos en el decreto anulado para que vuelvan a estar en vigor.

Aragonès ha dicho que el Govern estudiará también «la viabilidad de un recurso» al fallo y ha añadido que «lo peor que podría pasar» es tener devolver cantidades ya recaudadas para cobrarlas luego otra vez.

Aragonès ha dicho que el impuesto es «necesario» porque una parte de la población sufre los efectos nocivos en la salud del exceso de azúcar y ha insistido en el compromiso «firme y total» del Govern de seguir aplicando este tributo pese a la oposición del sector agroalimentario.