Para la organización agraria, esta pretendida subida en las tarifas eléctricas es "un atentado al sentido común, si se tiene en cuenta la situación económica límite en la que se encuentran muchas explotaciones agrícolas y ganaderas con una reducción muy importante de los precios en sus producciones".
Por eso, LA ALIANZA UPA-COAG denuncia que "la nefasta gestión del Gobierno de Mariano Rajoy en cuestiones relacionadas con la energía eléctrica es sencillamente calamitosa para una región como Castilla y León, que está entre las comunidades autónomas con mayor superficie de regadío, y que a su vez es de las que más energía producen".
Los esfuerzos del sector "están siendo duramente castigados"
En este sentido, recuerdan el importante sacrificio económico que están realizando los regantes de esta región y de otras de toda España para lograr un uso racional y eficiente del agua implantando nuevas tecnologías en modernizar los regadíos, y así hacer competitivas las explotaciones, pero sin embargo "está siendo duramente castigado por parte del Gobierno central asfixiando a los profesionales del sector con tarifas cada vez más escandalosas, imposibilitándoles la amortización de los altísimos costes asumidos en los últimos años".
De hechO consideran que esta "medida antisocial, de llevarse a efecto, puede llegar a suponer un incremento en la factura totalmente inasumible para muchas explotaciones familiares, lo que vendrá a agudizar la maltrecha economía, no solo a los agricultores sino también a los ganadero".
Asimismo, insisten en que resulta "un auténtico disparate la subida de precio que en poco tiempo y en materia de electricidad está sufriendo un sector profesional como es el agrario. En este sentido, los continuos abusos hacia las economías más modestas y profesionales, como en este caso son los agricultores y ganaderos de Castilla y León, resulta especialmente gravosa cuando se pagan tasas elevadísimas aunque no haya consumo eléctrico".
La UCCL advierte que mucho agriicultores se plantean seguir con el regadío
Según la UCCL, cada vez son más los agricultores de Castilla y León los que se están planteando no seguir cultivando en regadío, pues la última reforma energética supuso un encarecimiento del término fijo de potencia del 125%
Esta Organización, considera imprescindible que las distintas Administraciones adopten las medidas necesarias, al objeto de evitar que el coste energético "haga insostenible la continuidad del cultivo agrícola en regadío, así como que muchas de las instalaciones realizadas pasen a ser infrautilizadas, sin tener en cuenta el esfuerzo inversor hecho tanto por el sector productor como por las Administraciones".
Desde la supresión de las tarifas específicas para el riego agrícola (año 2008), la organización agraria recuerda que "el malestar entre los afectados, con el paso del tiempo, va en aumento, al comprobar que el coste energético viene siendo una parte, cada vez más importante, en el conjunto de los factores de producción".
Tomando como referencia determinados cálculos publicados, se constata que el incremento de la factura de la luz en los últimos años, según consumo, puede superar el 70%, asimismo que el aumento del término de potencia (parte fija, exista o no consumo) puede estar en torno al 500%. En sintonía con lo anterior, cabe recordar que la última subida, agosto de 2013, supuso un encarecimiento medio de la factura, según consumo, del 15% y del 125% en concepto de término fijo o de potencia. A tales incrementos, habrá que sumar, la muy probable modificación de las tarifas que entrarán en vigor a partir del primer día de 2014.
Ante tan desproporcionado incremento del coste de la energía eléctrica, UCCL advierte que cada vez son más los agricultores de Castilla y León los que se están planteando no seguir cultivando en regadío, debido a que el excesivo encarecimiento de la energía, están dificultando alcanzar la rentabilidad de las explotaciones.
Para la UCCL, una de las medidas que resulta urgente su adopción, se corresponde con reducir sustancialmente la cantidad que se abona en concepto de término de potencia (fijo o mínimo), en los meses fuera de temporada de riego.
Competencia frena por el momento la subida del 10,5%
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha decidido que "no procede validar" la subasta eléctrica realizada el juevesante "la concurrencia de circunstancias atípicas y en un contexto de precios elevados en el mercado diario durante las semanas previas".
La subasta, denominada Cesur, arrojó un incremento del coste de la energía del 25,6%, lo que supondría en un alza en la tarifa final del 10,5%, a lo que se sumaría el incremento de los peajes, algo menos del 1%, avanzado por el Gobierno.
En un comunicado, el regulador señala que desde hace cuatro años ha recomendado cambiar el esquema de subasta y recuerda que ya había iniciado un proceso de información previa para analizar los movimientos inusuales que se estaban produciendo en la fijación de precios del mercado mayorista.
El pronunciamiento de la CNMC se ha comunicado a las 04:15 horas de la madrugada a la Secretaría de Estado de la Energía y al Operador del Mercado Ibérico Español (OMIE), que es el organismo encargado de trasladarlo a los agentes participantes en la subasta.