Tras los devastadores incendios que han arrasado más de 45.000 hectáreas en Extremadura, los agricultores y ganaderos afectados siguen sin recibir el respaldo real ni del Gobierno nacional ni del Gobierno autonómico, por lo que exigen respuestas inmediatas y «reales».
Para APAG Extremadura Asaja «la declaración de zona catastrófica aprobada a nivel estatal se ha convertido en un trámite lento, con medidas que tardan en materializarse y ayudas que no llegan a los afectados. Lo hemos visto en precedentes recientes como los terremotos de Murcia, el volcán de La Palma o la DANA de Valencia, donde a día de hoy la mayoría de damnificados aún esperan las compensaciones prometidas. Exigimos voluntad real y hechos inmediatos».
Desde la organización agraria reclaman a la Junta de Extremadura que actúe con la misma determinación mostrada en comunidades vecinas como Castilla y León, donde ya se han anunciado ayudas concretas y directas: 5.500 euros de ayuda mínima por explotación profesional afectada; 18 €/ha por pasto quemado; 130 €/ha en cultivos herbáceos; 240 €/ha en cultivos leñosos y mantenimiento del suministro de alimentos y agua para explotaciones ganaderas hasta el 30 de septiembre, con posterior conversión en ayudas directas por hectárea de pasto quemado, moduladas según la carga ganadera.
«Estas medidas demuestran que es posible reaccionar con rapidez y voluntad política cuando se quiere de verdad proteger al campo».
Por eso, desde APAG Extremadura Asaja exigen respuestas inmediatas y «reales» como la aprobación inmediata de ayudas mínimas por explotación profesional afectada. Compensaciones específicas por pérdidas en hectáreas de pastos, dehesas y cultivos permanentes. Garantizar el suministro de alimentos y agua a las explotaciones ganaderas hasta que se normalice la situación.
Asimismo, reclaman que se revise la lista de municipios que se han incluido en la declaración de zona catastrófica, ya que se ha detectado que de forma injusta hay municipios que han sufrido las inclemencias del fuego y se han quedado fuera.
«El campo extremeño no puede esperar más. Miles de agricultores y ganaderos han visto dañadas sus explotaciones y su futuro. Es el momento de pasar de las declaraciones a los hechos», sentencia la organización.