Francisco Rodríguez Pulido / Presidente de la Asociación Tierra Bonita
En la política contemporánea se ha producido un desplazamiento inquietante: la verdad ha dejado de actuar como límite del poder para convertirse en un recurso narrativo más. No se trata solo de que los políticos mientan —eso ha ocurrido siempre—, sino de que la distorsión sistemática de los hechos se ha normalizado como técnica de gobierno.
Un reciente artículo de Rebecca Solnit sobre Donald Trump (A year on from Trump’s victory, resistance is everywhere) ofrece una clave interpretativa valiosa para entender esta deriva, incluso en contextos alejados de la gran política internacional, como el discurso institucional en Canarias.
Rebecca Solnit, escritora estadounidense que recomiendo, ha escrito unos diecisiete libros sobre gran variedad de temas, incluidos el medioambiente, el feminismo, la política y el arte. Particularmente, su obra de 2009 «Un paraíso en el infierno: las extraordinarias comunidades que surgen en los desastres», publicada en español en 2020, es altamente recomendable.
El artículo de Rebecca Solnit me ha servido, en mi caso, como inspiración para entender cómo está funcionando la clase política local con relación a la reconstrucción del post-volcán de La Palma. En concreto, he puesto mi foco en dos entrevistas amplias concedidas por la consejera de Presidencia del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto, y por el presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, ambos dirigentes de Coalición Canaria. Y también en una entrevista a Héctor Izquierdo, Comisionado para la Reconstrucción de La Palma.
Las entrevistas, consideradas desde una perspectiva del análisis crítico del discurso, una metodología que ayuda a entender cómo se construyen relatos y narrativas sobre determinados temas, constituyen un caso de estudio revelador. Sobre todo, lo que me ha llamado la atención no son los datos que manejan, algo a lo que recurren constantemente. Lo más llamativo es el relato compartido que construyen y la forma en que ese relato desplaza progresivamente a la verificación factual.
El eje central de los discursos de Barreto y Sergio Rodríguez es inequívoco. Barreto afirma de manera reiterada que «el Estado no ha puesto ni un euro» en la reconstrucción de La Palma y que los 100 millones comprometidos «ni en 2024 ni en 2025 han llegado«. Sergio Rodríguez refuerza la misma idea con cifras aparentemente precisas: «del Gobierno de España han llegado 6,1 millones, ni un euro más; nos deben más de 50 millones«.
La repetición de estas expresiones cumple una función clave: convertir una interpretación política en una verdad emocionalmente incuestionable. El problema no es solo si las cifras son completas o no, sino que se presentan sin contexto jurídico ni presupuestario, anulando cualquier posibilidad de contraste. El conflicto administrativo se transforma así en un relato moral de abandono.
Los discursos de Barreto y Sergio Rodríguez comparten además una externalización casi total de la responsabilidad. Cuando la reconstrucción avanza, es gracias al esfuerzo del Gobierno canario o del Cabildo; cuando se retrasa, la causa es siempre externa. Sergio Rodríguez lo expresa con claridad cuando sostiene que las críticas y los obstáculos responden a «un objetivo político de cercenar la confianza de la gente en el presidente del Cabildo«. En ese punto, la discrepancia deja de ser legítima y pasa a interpretarse como ataque político deliberado.
Si Nieves Lady Barreto y Sergio Rodríguez representan la política del agravio emocional, el Comisionado para la Reconstrucción, Héctor Izquierdo, encarna la otra cara de la misma moneda: la política de la asepsia tecnocrática. En una reciente entrevista, Izquierdo despliega un optimismo administrativo que resulta tan disonante con la realidad vivencial como el catastrofismo de sus oponentes locales.
Frente a la «oscuridad» que describe el presidente del Cabildo, Izquierdo opone una realidad de hojas de cálculo inmaculadas. Su discurso se centra obsesivamente en la ejecución presupuestaria y los indicadores macroeconómicos. «No se ha devuelto dinero», «todo se está ejecutando», «los indicadores macroeconómicos muestran un punto de inflexión», afirma con la frialdad del gestor que confunde el saldo contable con el bienestar social.
Al igual que ocurre con los dirigentes locales, aquí también, con Héctor Izquierdo, se produce el fenómeno que advierte Solnit: el poder deja de responder a la realidad humana para responder únicamente a la eficacia de su propia burocracia. Cuando Izquierdo celebra el aumento de la recaudación del IRPF (estimada en 111 millones para 2025) como un «indicador positivo» de la salud económica de la isla, está realizando una operación de desplazamiento de la verdad. Convierte un dato estadístico en un escudo que le protege de la verdad incómoda de quienes siguen viviendo en contenedores o esperando viviendas definitivas.
Este desplazamiento de la verdad es central en el análisis que hace Rebecca Solnit en su artículo. La autora señala que el poder contemporáneo no busca persuadir mediante hechos, sino asegurar la adhesión. En inglés, «the goal is not persuasion but domination, not truth but loyalty (el objetivo no es la persuasión sino la dominación, no es la verdad sino la lealtad)». Cuando el debate, como hacen los tres políticos, se plantea en términos morales —quién está con la isla y quién contra ella—, la verdad deja de ser el terreno común y se convierte en un elemento secundario.
El lenguaje emocional refuerza este cierre del debate. Barreto afirma que «esto ya no es que lo digan y que nos lo creamos, es ver para creer«, una expresión que no invita a examinar datos, sino a invalidar cualquier relato alternativo. Sergio Rodríguez recurre a imágenes similares cuando afirma que «desde Madrid se ve la isla brillando, pero desde aquí se ve más negra que las piedras del volcán«, deslegitimando de antemano cualquier diagnóstico que no coincida con el suyo. Para Héctor Izquierdo, la verdad es que «el dinero no se devuelve» y «se ejecuta». Para el ciudadano, la verdad es que la ayuda no transforma su vida con la rapidez necesaria.
Solnit advierte de que cuando los hechos se vuelven opcionales, (power no longer answers to reality), el poder no responde a la realidad, entonces el poder deja de rendir cuentas a los datos y solo responde a la eficacia de su relato. En este contexto, la legalidad, los informes técnicos o los procedimientos administrativos se presentan como obstáculos políticos, no como garantías democráticas.
Solnit va más allá y subraya que la mentira sistemática implica un profundo desprecio por la ciudadanía: «lying is a way of telling people they don’t deserve the truth (mentir es una forma de decirle a la gente que no merece la verdad)». Mentir no es solo engañar; es infantilizar, asumir que la sociedad no es capaz de comprender la complejidad ni la incertidumbre.
Cuando los responsables públicos optan por relatos simplificados y moralizantes, no empoderan a la ciudadanía, sino que la convierten en audiencia. No están empoderando al pueblo, sino protegiéndose de él. Evitan así la rendición de cuentas, el contraste de datos y la evaluación crítica de su gestión. La política se convierte en gestión de percepciones, no de realidades.
Aunque a algunos les puede chirriar el paralelismo, el caso de Barreto, Sergio Rodríguez y Héctor Izquierdo muestra que la erosión de la verdad es un argumento muy recurrente; característico, por ejemplo, del trumpismo estadounidense, como lo refleja Solnit. Desgraciadamente, esa erosión de la verdad también pasa en la política autonómica y local, y en entrevistas, aparentemente inocentes y rutinarias, o en las ruedas de prensa cuando se hacen balances de gestión que confunden información con propaganda.
No trato de comparar líderes ni contextos, a pesar de que el paralelismo estructural es evidente, sino de reconocer una misma lógica discursiva. En las entrevistas analizadas, la verdad factual queda subordinada a la eficacia del relato, y la complejidad real del problema se sacrifica en favor de una narrativa clara, emocional y políticamente rentable.
La democracia no se quiebra de golpe cuando la verdad se degrada. Se vacía lentamente cuando el relato sustituye al hecho y la emoción desplaza al argumento. Defender la verdad como bien público no es una exigencia moral abstracta, sino una condición mínima de la política democrática. Ignorarla puede ser rentable a corto plazo, pero el coste —como recuerda Solnit— siempre termina siendo colectivo. La degradación de la verdad no comienza de forma abrupta ni es algo que solo ocurra en los grandes escenarios internacionales; se normaliza poco a poco, en entrevistas complacientes, en balances autocomplacientes y en relatos que apelan al agravio permanente.
La reconstrucción tras el volcán en el Valle de Aridane demanda una lectura cuidadosa de las narrativas que circulan en el ámbito público. Ya durante la erupción se fue articulando una serie de narrativas que con el tiempo no han hecho sino asentarse y dañar el relato que verdaderamente debería dominar en la esfera pública.
Uno de los grandes errores que se está cometiendo con la reconstrucción es usar reiteradamente un discurso basado en un conjunto de datos. Las personas afectadas han sido canceladas. Y todo el discurso político se construye con una verdad basada en «sus datos y sus decisiones». La verdad vivencial de las personas afectadas ha desaparecido. Y los gobiernos local y autonómico dan por válida su política de subvenciones de compensación y de abrir los caminos sobre la lava.
Desgraciadamente, las administraciones se han empeñado en aportar su enfoque de la verdad, que no es sino una mentira disfrazada. Pero realmente la verdad de la reconstrucción en el Valle de Aridane se construye en la escucha, la memoria y la responsabilidad pública. Contar bien la historia y responder a la recuperación y la reconstrucción real implica traducirla en derechos, reparación y políticas verificables; así se fortalece la democracia y se honra a las personas afectadas.
Tierra Bonita puede aportar los testimonios del silencio administrativo en la inmensa mayoría de escritos e informes que presenta. Y lo más relevante sigue siendo el silencio y la negación del valor moral, sociológico y antropológico de los testimonios de las pérdidas de las personas afectadas. Tierra Bonita ha tenido que recurrir a las entidades judiciales, en busca de la verdad y de las evidencias; en la búsqueda continua de la transparencia, la justicia y la equidad. Ese seguirá siendo nuestro trabajo.
Como recuerda Solnit, el futuro no está escrito, pero depende de una condición básica: defender la verdad como bien público. Sin hechos compartidos no hay democracia posible, solo propaganda y lealtades emocionales. Si las administraciones local y canaria siguen en su empeño de esconder y erosionar la verdad, quien sale perdiendo es la ciudadanía y la democracia.
Cuando la política deja de sentirse obligada a la verdad y se limita a administrar relatos, la democracia no se derrumba de golpe, pero se vacía desde dentro. Y ese riesgo, conviene recordarlo.