El alza de las tarifas del pasado mes de agosto incrementa el término de potencia de todos los tramos del peaje, que oscila entre el 12% y el 150%. La electricidad ha pasado a ocupar el primer lugar de la lista en los costes de una explotación de regadío, superando a semillas, fertilizantes, gasóleo y, en muchos cultivos, incluso a los costes laborales.

   Desde ASAJA-Sevilla "debemos aclarar la situación singular de las explotaciones de regadío, que soportan el coste del término de potencia durante los 12 meses del año pese a que sólo hacen uso de la elevada potencia contratada durante unos pocos meses, los que dura la campaña de riego. Se trata por tanto de un consumo marcadamente estacional, tal y como reconoce la propia Comisión Nacional de la Energía, que cifra en tan sólo un 8% el factor de utilización anual de la potencia contratada".

     Por eso, ha expuesto esta situación atípica, exclusiva de las explotaciones de regadío, al Ministerio de Industria, a quién hemos instado a promover un cambio regulatorio que se ajuste a las necesidades de este sector productivo.

Se debe reconocer el carácter estacional del riego

    Tras la desaparición de las tarifas especiales de riego en 2008 ASAJA-Sevilla planteó la necesidad del reconocimiento del carácter estacional del regadío, ya que necesita una elevada potencia para bombear agua durante los meses más secos y cuando termina su campaña de riego no vuelve a utilizar la potencia que tiene contratada, pagando un coste muy alto durante los meses en que no se usa.

   Fruto de este planteamiento durante 2010 y 2011 se abrió una Mesa de Negociación con el Ministerio de Industria y con el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural (MARM) del anterior Gobierno, en dicha mesa ASAJA-Sevilla propuso como solución que se cobrase solamente por la potencia que se usa, lo que supondría una reducción considerable de costes para los regantes, que  de otro modo se están viendo presionados para abandonar su actividad.

   ASAJA Sevilla recuerda que la propuesta del Ministerio de Industria del anterior Gobierno fue la elaboración de un borrador de Real Decreto sobre contratos de temporada, que sólo venía a paliar parcialmente el agravio comparativo que tienen los regantes respecto al resto de los sectores productivos, pero no solucionaba en su totalidad la demanda principal de ASAJA. Este texto se quedó en “borrador”, ya que al día de hoy no se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado.

    Sin embargo, la organiación araria recalca que "el Ministerio de Industria sí ha sido sensible con las demandas de otros sectores productivos como la metalurgia, la siderurgia, el cemento o los aluminios y ha llevado al BOE una serie de medidas que benefician claramente a estos sectores como la propia Orden IET/1491/2013, que incrementa el peaje de potencia pero reduce el peaje de energía (lo que se paga por kilowatio consumido), lo que favorece a los sectores productivos de gran consumo de energía y perjudica al regadío, cuyo consumo es estacional; la Ley 16/2013 de fiscalidad ambiental, que contempla una exención del 85% del impuesto especial de la electricidad para varios sectores industriales (cemento, aluminio y metalurgia) pero no para el sector agrícola y ganadero; y la Orden IET/843/2012 que establece una discriminación positiva en los peajes de potencia y energía en los sectores productivos con mayor consumo de energía como la metalurgia o la siderurgia".

    Hasta ahora, la sensibilidad del Ministerio de Industria ante las necesidades específicas del sector agrario "ha sido nula, por eso, y dado que la situación es cada vez más complicada y asfixiante para los agricultores y ganaderos, ASAJA ha demandado una reunión urgente con el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, a fin de buscar solución al más grave problema que tienen hoy plateadas las explotaciones de regadío en España y en Andalucía".

    Es importante recordar que las explotaciones andaluzas de regadío, que sólo cultivan un millón de hectáreas, el 22% de toda la superficie agraria útil de la región, generan el 60% de la producción final agraria y el 55% de todo el empleo generado en la agricultura.

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