La propuesta legal comunitaria para reducir el uso de pesticidas en la agricultura será objeto de una difícil negociación y un duro debate a partir de septiembre y durante 2023, que podría impactar en la Presidencia española de la UE en el segundo semestre de ese año, por las discrepancias de los Gobiernos, los agricultores y la industria en un contexto de crisis alimentaria y climática.

La Comisión Europea (CE) ha planteado un recorte del 50 % del empleo de plaguicidas químicos para 2030, en una de sus iniciativas para aplicar Pacto Verde, proyecto estrella que persigue una economía neutra en emisiones de gases de efecto invernadero y que también prevé elevar los requisitos en la producción de alimentos.

La normativa sobre pesticidas será negociada entre las instituciones de la UE hasta 2023 e incluso en el segundo semestre del año próximo, cuando España ejercerá la presidencia de turno del Consejo de la UE.

Para el sector agrario, la propuesta llega en un momento inoportuno y entraña el riesgo de reducir más la oferta, en medio de una crisis por la guerra de Ucrania y el alza de costes, argumento opuesto al de la CE y los ambientalistas.

LA PROPUESTA

La reducción de los fitosanitarios que plantea la CE se traduce en objetivos nacionales vinculantes diferentes, según la situación de partida de cada país y el «progreso histórico» en la utilización de esos productos.

La CE prevé que para compensar el impacto sobre los agricultores y sus esfuerzos haya ayudas de la Política Agrícola Común (PAC)

El Ejecutivo comunitario estima que la normativa sobre pesticidas es «demasiado débil» y pretende reforzarla con medidas como registros obligatorios de agricultores y otros usuarios e identificar otras alternativas.

Otra novedad en este duro debate es la prohibición total de los fitosanitarios en áreas sensibles, como las zonas verdes urbanas, parques o jardines públicos, áreas de juego, escuelas o centros deportivos, así como en terrenos protegidos de la red Natura 2000.

RESERVAS DE LOS GOBIERNOS

Una mayoría de los países de la UE expresaron reservas respecto a la propuesta comunitaria en el último Consejo de Ministros de Agricultura comunitario, en julio.

Los Gobiernos, entre ellos el español, han pedido que los agricultores tengan alternativas suficientes a los plaguicidas químicos y que la ley no eleve la carga burocrática.

Pero según la comisaria europea de Seguridad Alimentaria, Stella Kyriakides, la propuesta responde a las preocupaciones de la ciudadanía y además, la invasión rusa no puede interrumpir el camino hacia la sostenibilidad.

«Hay grandes diferencias entre los Estados miembros, trabajaremos para encontrar un compromiso, que será una tarea muy difícil», según declaró a Efeagro el embajador en España de la República Checa -país que preside actualmente la UE-, Iván Jancarek.

QUEJAS DE LOS AGRICULTORES Y DE LA INDUSTRIA

Para la patronal de fabricantes de fitosanitarios AEPLA la propuesta reglamentaria es «compleja, poco realista e impactará negativamente en la agricultura europea y española».

El proyecto, según han subrayado a Efeagro fuentes de AEPLA, debería ir un paso más allá en la introducción de tecnologías -drones y otras herramientas digitales- y también en la innovación.

A juicio de la industria, las prohibiciones por zonas y los objetivos de reducción harían inviable la agricultura en las áreas afectadas e impedirían la sanidad vegetal en zonas urbanas.

Los fabricantes, en este duro debate, han pedido «flexibilidad» y «excepciones» para países con la diversidad de cultivos y las características agronómicas de España, porque la calificación que propone Bruselas «podría provocar el abandono de tierras» y la despoblación.

La posición del Comité que agrupa a las Organizaciones Agrarias y Cooperativas Comunitarias (COPA-Cogeca) -entre ellas las españolas- es muy crítica, por considerar que la CE impone muchas obligaciones sin dar alternativas.

Los agricultores insisten en que añade presión dentro de un contexto internacional duro con problemas de seguridad alimentaria que puede agravar la reducción de oferta de la UE.

Aseguran que provocará la «competencia desleal» con producciones extracomunitarias que no cumplen las mismas normas que las de la UE.

A FAVOR

La coalición Por otra PAC -que engloba a una treintena de organizaciones de agricultura ecológica, ganadería extensiva, ONG y expertos en alimentación- y otras entidades ecologistas también han entrado en este duro debate y han celebrado la propuesta y su mención a la necesidad de «reorientar» la PAC.

Los ambientalistas han pedido a España que incorpore los objetivos verdes y afronte ya problemas como la pérdida de nutrientes del suelo, además de recalcar que no se puede esperar más para acometer cambios “urgentes” en las producciones.

(Texto: Mercedes Salas / Efeagro)