En este sentido, el régimen sancionador establece multas de hasta 3.000 euros en el caso de infracciones leves; de entre 3.001 y 100.000 euros, en el caso de que sean graves, y de entre 101.000 y un millón de euros si se trata de infracciones muy graves.
Asimismo, ha confiado en que a escala europea se efectúen las oportunas modificaciones legales relacionadas con la competencia para mejorar la posición del agricultor o ganadero.
En España, existen 989.000 productores, unas 30.000 industrias agroalimentarias y, dentro de la distribución, un 40 % del mercado está en manos de cinco operadores, por lo que, a juicio de Arias Cañete, es necesario impulsar reglas para mejorar la gestión de la oferta y evitar "prácticas abusivas".
El texto es un modelo mixto entre la regulación y la autoregulación que obliga a establecer los contratos por escrito cuando las transacciones continuadas superen los 2.500 euros, y no serán necesarios cuando se pague al contado.
La Ley prohíbe modificar los términos de los contratos, salvo que se realice por mutuo acuerdo de las partes, así como los pagos comerciales adicionales a los pactados.
Regula el uso de la información que la industria facilita a la distribución y prohíbe a los operadores de este canal un aprovechamiento indebido de las iniciativas empresariales de la industria.
Establece, además, un régimen de autorregulación voluntario, pero de obligado cumplimiento una vez adheridos al mismo.
A excepción de la distribución que no se ha pronunciado sobre el Proyecto hoy aprobado -y que hasta ayer jueves se ha mostrado muy crítica con la inclusión en la Ley de un régimen regulatorio y sancionador, así como por la obligación de consignar los contratos por escrito-, el resto de los eslabones de la cadena agroalimentaria han manifestado su satisfacción por la aprobación del mismo.
En este sentido, las organizaciones agrarias Asaja, UPA y COAG, Cooperativas Agro-alimentarias, Promarca y Fiab han celebrado la aprobación del Proyecto de Ley de mejora de la cadena alimentaria hoy en el Consejo de Ministro.
Han mostrado su confianza en que "la ley será un paso importante para reequilibrar las relaciones entre los distintos operadores de la cadena alimentaria e incrementar la competitividad del sector en su conjunto".
En su opinión, será el consumidor el principal beneficiado de esta nueva ley en términos de libertad de elección, calidad e innovación, y que redundará en una mejora de la competitividad de la economía española en general.
Por su parte, los partidos políticos han acogido favorablemente la aprobación por el Consejo de Ministros del proyecto de Ley porque consideran que es una regulación muy esperada por los agricultores.
Los portavoces de los grupos parlamentarios PP, PSOE, Izquierda Plural y Grupo Mixto han reaccionado así, en declaraciones a Efeagro, a la decisión del Gobierno, que también ha aprobado hoy el proyecto para fomentar la integración cooperativa.