En este sentido, la organización agraria muestra su confianza en que el Procurador del Común interceda "para que se dé una solución a esta situación", y para ello en su función de mediación actuará una vez que ha recibido la más completa documentación por parte de la ALIANZA UPA-COAG.
La fundamentación de la institución se basará en los "argumentos razonados que ha esgrimido nuestra organización desde el principio, y que incluso han sido respaldados por parte de la propia Consejería de Agricultura, en cuanto que es incomprensible que un error en la redacción de la propia CHD a la hora de utilizar términos como ‘extracción’ y ‘concesión’ esté ocasionando daños tan graves a un buen número de proyectos económicos en el medio rural".
Según la organización, el Procurador del Común "ha comprendido y respaldado el monumental enfado que existe en nuestra comunidad autónoma por este motivo, porque entre otras cosas hemos explicado que la actual norma restrictiva choca frontalmente con la Ley 5/2005 de obligar a los ganaderos a sacar sus explotaciones fuera del casco urbano".
LA ALIANZA UPA-COAG y el Procurador del Común también coinciden en la apreciación de que es necesario adoptar cuantas medidas sean necesarias, y estén justificadas, para no bloquear el desarrollo del medio rural en Castilla y León.
Por útimo, la ALIANZA UPA-COAG, "en su afán de defender y proteger los derechos de los ciudadanos del medio rural y del sector agrario regional", ha salido muy satisfecha de la reunión, "puesto que hemos podido trasladar a esta reconocida institución regional la situación límite de muchos profesionales de Castilla y León, que se verán obligados a abandonar su proyecto laboral y a emigrar del medio rural si la CHD no rectifica".