Sin embargo, en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación del Senado sí salió adelante (con 13 voto a favor, ocho en contra y ninguna abstención) el informe de la ponencia sobre el proyecto de ley, preceptivo para que siga el trámite parlamentario.
Gerardo Martínez (PP) justificó la votación en contra de los vetos porque "desvirtuarían" el texto legal y defendió la derogación de la ley 2009 y la promulgación de una nueva ante la falta de aplicación de la primera y la necesidad de medir la representatividad real -con un voto "personal, directo y secreto" de los agricultores-, lo que reforzará, en su opinión, la legitimidad. La consulta garantiza, según Martínez, un proceso igualitario y transparente y será pionera en Europea.
Toda la oposición se opone a la propuesta del Magrama
El proyecto de ley determina que serán organizaciones profesionales agrarias más representativas las que obtengan, al menos, un 15% de los votos válidos emitidos en consulta en todo el Estado y, además, por lo menos un 5% en seis comunidades autónomas.
Francisco Boya (Entesa, Grupo Mixto) pidió rebajar del 15 al 10% el porcentaje de votos requerido para no perjudicar a las comunidades con menos censos y criticó la falta de consenso sobre el proyecto con las organizaciones agrarias (OPAs), sindicatos y comunidades autónomas.
Boya ha considerado que no aporta las garantías democrática suficientes y reclamó el mantenimiento del Consejo Agroalimentario del Estado.
Antonio Julián Rodríguez Esquerdo (PSOE) ha calificado este proyecto -que definió como la ley póstuma de Miguel Arias Cañete- de "centralizador y excluyente y sin garantías legales", tras criticar que se plantee la a su juicio una mera "consulta manipulable" para medir la representatividad, lo que "perjudicará a aquellas organizaciones agrarias que no son palmeros del Gobierno".
Para Esquerdo, el proyecto de ley aumentará la conflictividad jurídica entre Estado y CCAA, vulnera la legislación electoral e "impide ejercer el derecho de voto alterando deliberadamente el censo" -en referencia a la inclusión de personas jurídicas en la consulta- y no incluye límites de gastos ni controles en la campaña.
Desde CiU, Manel Plana ha lamentado que no exista un mínimo consenso con las OPAS y con las comunidades autónomas, tras advertir de la situación que podría darse con un censo de votantes nacional para la futura consulta que no coincida con los autonómicos.
Plana ha criticado el "ejercicio de imposición" del texto por parte del Gobierno y ha considerado que "algo no se está haciendo bien" cuando el propio Gobierno plantea ahora postergar la consulta al campo hasta la próxima legislatura.
Respecto a las numerosas enmiendas presentadas por los diferentes partidos políticos, Narvay Quintero (Grupo Mixto) ha pedido que al menos fueran debatidas en la Cámara Alta para buscar el consenso. Francisco Boya (Entesa) ha rechazado una ley "contra viento y marea".
José María Toledo (PSOE) ha recordado que su grupo ha presentado 39 enmiendas, que protesta por que los agricultores "activos" no serán los únicos que puedan votar en los comicios, la falta de consenso del actual proyecto legislativo y las críticas o dudas mostradas tanto por las OPAS como por las CCAA.
Toledo ha apuntado que una enmienda del PP aboga ahora por alargar más aún la celebración de la consulta, hasta un máximo de 18 meses desde la aprobación del reglamento que desarrolle la ley, lo que la situaría en la práctica en la próxima legislatura, lo que muestra en su opinión el "caos y despropósito" del proyecto del PP.
"No han aceptado ustedes ninguna de nuestras enmiendas, ni siquiera hemos podido hablar de ellas", ha señalado.
El PP sigue abierto al debate con el sector
Desde el PP, Sebastián Ruiz Reyes ha defendido que su partido ha presentado 12 enmiendas para mejorar el texto, fruto del diálogo con organizaciones y comunidades autónomas.
Ruiz ha negado que el proyecto sea "un capricho" del antiguo ministro, Miguel Arias Cañete, sino que responde a la falta de aplicación de la ley 10/2009 anterior, y ha recordado que hay comunidades autónomas que llevan 16 años sin celebrar comicios y otras en las que nunca se han celebrado consultas.
De ahora en adelante, y hasta el debate en el Pleno, el PP buscará acuerdos y estará "abierto" al debate, según Ruiz, quien ha negado que salgan perjudicadas las organizaciones territoriales en las futuras elecciones, ya que podrán "coaligarse o unirse" para acudir a la consulta nacional.