La Proposición de Ley señalaba además que entre los aditivos químicos utilizados se encuentran benceno o cianuro, hasta llegar a unas 500 sustancias químicas, "muchas de ellas cancerígenas, mutágenos y con otras propiedades altamente preocupantes".
Hay que "investigar con garantías"
Frente a estos argumentos, apoyados por PSOE, ERC, Bildu y Compromís, el diputado del PP Mario Flores ha defendido que hay que apostar por seguir investigando en alternativas para lograr un "mix energético sostenible", que permita a España ser económicamente competitiva, en vez de utilizar la técnica del miedo y dar datos obsoletos.
Flores ha recordado que hasta ahora solo existen proyectos en fase exploratoria, pero ha abogado por agotar cualquier posibilidad que con las "debidas garantías" hagan a España menos dependiente energéticamente, eso sí, considerando caso por caso y tras una "valoración ponderada".
También UPyD ha defendido la necesidad de abrirse a nuevas vías energéticas, mientras que el diputado del PNV Pedro Azpiazu ha abogado por investigar primero con "transparencia y sin prejuicios" y CiU ha considerado, sobre todo, que la propuesta de Izquierda Plural suponía una invasión de competencias.
El diputado de este último grupo Antoni Picó ha recordado que Cataluña se ha opuesto a esta técnica en su territorio solo después de conocer que no hay yacimientos que hagan rentables esta explotación y por lo tanto los riesgos "superaban con creces" los posibles beneficios.
Nuevo rechazo político
No es la primera vez que se debate este asunto en las Cortes y ya el año pasado se votó una moción, también de Izquierda Plural para prohibir esta técnica extractiva, prohibición a la que se opusieron entonces el Grupo Popular, UPyD y CiU.
También el pleno del Senado abordó la cuestión en 2013 y aprobó una moción de Unión del Pueblo Navarro, apoyada y transaccionada por el Grupo Popular, para que se "contemplara" esta técnica en el proyecto de ley sobre garantía del suministro y competencia en los sistemas eléctricos.