También aprobaron que la Junta pueda acordar con comunidades limítrofes las condiciones que hagan viable la constitución de Zonas Colectivas de Caza con superficie en ambas.
Además, se aceptó la labor de los agentes medioambientales o técnicos de los servicios provinciales en los planes de ordenación cinegética y en el control de poblaciones, y que se eleve de infracción leve a grave que el servicio de vigilancia y protección privada practique la caza en el ejercicio de sus funciones.
Del mismo modo, contó con el visto bueno la enmienda socialista en la que se añade a la normativa que se garantice la compatibilidad de la caza con otras actividades que se desarrollan en el medio natural y que "tienen una creciente repercusión social y económica".
Por otra parte, entre las 20 enmiendas del PP aprobadas, destacan la que incorpora las licencias interautonómicas de caza o pesca que permiten practicar estas actividades en Castilla-La Mancha y en las comunidades autónomas firmantes del convenio de colaboración.
En el caso de la caza, la licencia tiene un coste 70 euros y en el de la pesca, de 25 euros. Del mismo modo, se aceptó cambiar las edades para obtener la primera licencia de caza, de modo que será suficiente con tener 14 años cumplidos y no más de 14 años como recoge el proyecto de ley.
Diferencias políticas en aspectos de la normativa
Estas enmiendas no contaron con el apoyo del PSOE porque, según dijo su portavoz, José Luis González, no cambian el contenido de una normativa que rechazan y porque muchas de ellas son simplemente correcciones gramaticales.
Por su parte, González defendió otras enmiendas que no fueron aprobadas y que pretenden, entre otros fines, acabar con el sentido "mercantilista" de la normativa que, a su juicio, promueve el Gobierno regional en este proyecto de ley.
Así, proponen limitar y señalizar los cuarteles de caza comercial, que son aquellos donde se incrementa de manera artificial la capacidad cinegética.
Con sus enmiendas, el PSOE también quiere eliminar los cerramientos secundarios y evitar sanciones de entre 3.000 y 30.000 euros por salir a coger setas o espárragos antes de las jornadas de caza, según explicó González.
El PSOE también propone incluir un sistema de puntos en las licencias para los cazadores que infrinjan la normativa, similar al del carné de conducir.
Otra de las propuestas que propugna es que la ley establezca la obligatoriedad de dar publicidad a las actividades de caza, como han pedido los empresarios del sector del turismo rural.
El PP, sin embargo, rechazó estas enmiendas y su portavoz, Carolina Hernández, defendió el proyecto de ley de Caza -"consensuado con la mayor parte del sector"- y negó que tenga un objetivo mercantilista.