Valencia, el último municipio valenciano que mantiene el pósito agrícola creado en el siglo XVIII como institución de acopio de cereales para prestarlos a labradores en tiempos de escasez, disolverá próximamente el servicio pues su pervivencia es técnicamente imposible por cuestión de competencias.
Con un remanente de 780.000 euros y algún crédito pendiente de finalizar, este fondo de microcréditos para agricultores encara su recta final, prevista para los próximos meses, inmerso en el debate del uso de ese dinero, que irá destinado a infraestructuras o servicios de interés general para la agricultura.
Hacía acopio de cereales y prestarlos en condiciones módicas a labradores y vecinos en tiempos de penuria
A través de un proceso al estilo de los presupuestos participativos que ha aplicado Valencia esta legislatura, los agricultores de la ciudad (organizaciones de agricultores y regantes) decidirán dónde se invierte y cuáles son las prioridades, una vez el fondo revierta a las cuentas municipales.
Los pósitos nacieron en el siglo XVIII como una institución municipal dedicada a hacer acopio de cereales y prestarlos en condiciones módicas a labradores y vecinos en tiempos de penuria.
Según el Diccionario de Autoridades de 1737, el pósito agrícola quedaba definido como una «casa en que se guarda la cantidad de trigo que en las ciudades, villas y lugares se tiene de repuesto y prevención, para usar en tiempo de necesidad y carestía».
La Ley de 23 de enero de 1906 reorganizó estos depósitos -hoy quedan como edificios del patrimonio, algunos de ellos como Los Silos de Burjassot- y estructuró las competencias de los órganos centrales, creando la Delegación regia de pósitos para recibir todas las atribuciones que tenía el Gobierno al respecto.
En 1907 se reconvirtieron en dinero todos los fondos de la Delegación regia y se abandonó el referente de depósito de trigo, lo que supuso acabar con la faceta de control de producciones que tuvieron los pósitos pero manteniendo su fin de ayudar a los agricultores necesitados a través de operaciones monetarias.
El Servicio de pósito agrícola pervivió hasta 1985, cuando sus funciones fueron atribuidas al Instituto de Relaciones Agrarias y, después, a la Subsecretaría del Departamento de Agricultura.
La Generalitat ha lanzado la línea «Pòsit Agro» para financiar proyectos del sector agrícola dedicados a la consolidación y crecimiento
Desde la sección de Agricultura y Horta del Ayuntamiento y fuentes del Consell Agrari Municipal, se ha trabajado para mantener el fondo con sus funcionalidades, sabiendo que en 2002 se procedió, en la mayoría de municipios valencianos que disponía de pósito, a su extinción y se traspasaron los importes del fondo a los presupuestos municipales para invertirlos en infraestructuras agrarias.
El pósito agrícola está ligado a un organismo autónomo municipal, el Consell Agrari, que lo gestiona desde 1999 tras asumir la titularidad el Ayuntamiento.
Sin embargo, tanto la Tesorería como la Intervención del Ayuntamiento han ido advirtiendo en estos tres años de legislatura de los problemas de que se mantenga dentro de las competencias municipales actuales, al ser su objeto fundamental el préstamo en metálico.
Ahora, la Generalitat ha decidido conservar, al menos, el nombre del pósito agrícola y el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) ha lanzado la línea «Pòsit Agro» para financiar proyectos del sector agrícola dedicados a la consolidación y crecimiento de sus proyectos empresariales, y el anticipo de subvenciones concedidas por cualquier órgano directivo de la Generalitat, según publica en su web.
«Pòsit Agro» está dirigida a empresas y autónomos del sector agroalimentario, desde la producción hasta la transformación incluyendo ganadería, avicultura y pesca y transporte, y su finalidad serán inversiones, necesidades de circulante y capitalizaciones.
El préstamo ordinario para operaciones con aval SGR será desde 6.000 hasta 400.000 euros con un plazo de diez años y un periodo de carencia de dos años, con un tipo de interés referenciado al euríbor para depósitos a doce meses, con un valor mínimo de 0,00 % más un diferencial de 1,75%.
El tipo resultante se podrá reducir en 0,25 % si es posible afectar el proyecto a la financiación del Banco Europeo de Inversiones (BEI).
En cuanto a operaciones sin aval, el importe máximo financiable será del 80 % de la inversión, desde 200.000 euros hasta tres millones, con un plazo de quince años y una carencia de tres; en este caso, el diferencial se determinará en función de la calidad del riesgo, y con una revisión anual y con liquidaciones trimestrales.
(Fotos en blanco y negro: Historia de Calp)