EFE.- El director del servicio de Agua del Gobierno foral, César Pérez, ha explicado a EFE que el Plan Hidrológico pretende conseguir el buen estado y la adecuada protección de las masas de agua, la satisfacción de las demandas, y el equilibrio del desarrollo regional y sectorial.
El Plan, aprobado el 28 de febrero por el Consejo de Ministros, contempla unas inversiones de más de 2.500 millones, aportados entre todas las administraciones.
Pérez ha apuntado que «teniendo en cuenta que Navarra apenas supone el diez por ciento de la superficie de la cuenca del Ebro, sí que se puede estimar que las inversiones en Navarra son muy superiores a lo que le correspondería por superficie».
El consejero de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local, Javier Esparza, señala que este plan está construido «desde unos criterios realistas» y recoge «la defensa de las líneas maestras» que interesan a Navarra para su agricultura, su ganadería y la industria agroalimentaria.
Félix Chueca, presidente de la Comunidad de Regantes del Canal de Navarra, mayoritaria en esta cuenca, afirma que un análisis inicial del Plan permite creer que es «positivo y necesario», aunque apunta que posiblemente podría haber sido «más ambicioso».
Se trata de un instrumento esencial para la regulación del río, ha dicho a Efe Chueca, quien ha indicado que, en general, entre los regantes, la opinión es buena.
Otra cosa, ha puntualizado, son los caudales ecológicos (los mínimos para mantener la flora y la fauna), en los que «hay gente más reacia», según Chueca.
Con un «sobresaliente muy alto» ha calificado el plan Enrique Castel Ruiz, presidente de la comunidad de regantes Canal de Lodosa, que forma parte de la Federación de Comunidades de Regantes de la Cuenca del Ebro. «Habrá muy pocos regantes en el Ebro que no estén contentos», ha declarado a Efe.
Entre los que no ven con buenos ojos infraestructuras como el Canal de Navarra se encuentran los propietarios de regadíos tradicionales de Lerín y su entorno, que han constituido una plataforma para hacer frente a las transformaciones que van a sufrir sus tierras con la llegada del Canal.
El Plan fija la consolidación de la nueva definición de la Zona Regable del Canal, con una superficie total de 59.160 hectáreas.
Asimismo, confirma la intención de culminar el embalse de Cigudosa Valdeprado y el posible riego de otras 7.000 hectáreas en las riberas del Aragón en Navarra, aguas arriba de la toma de la Acequia Bayunga en Santacara, hasta la presa de Yesa, en previsión de futuras demandas tras el recrecimiento del embalse.
El Plan también incluye el plan de abastecimiento, tanto para las poblaciones como para las industrias, consolida los planteamientos del Plan Director de Saneamiento de los ríos en Navarra y el tratamiento ambiental del agua.
Respecto a las obras de interés general de competencia del Estado, según ha apuntado Pérez, se incluyen en Navarra proyectos como el recrecimiento de Yesa, los diques de cola de Itoiz, y otras obras como el acondicionamiento del entorno de «El Bocal», en Fontellas.
Pérez destaca que la principal novedad de este Plan respecto a anteriores, que datan de 1998, reside en la inclusión de los objetivos de la Directiva Marco del Agua europea (2000/60/CE), que son los de obtener a diciembre de 2015 el buen estado y la adecuada protección de las masas de agua.
En este sentido, ha comentado que los anteriores planes estaban más centrados en la satisfacción de las demandas de agua, y los planes modernos aspiran a conseguir esos objetivos medioambientales con la gestión de demandas o la reutilización de aguas.
Objetivos compartidos por organizaciones como el sindicato EHNE, que valora que, a diferencia de los planes anteriores, éste «tenga más en consideración las cuestiones ambientales con el fin de alcanzar el buen estado de conservación del recurso en toda la superficie del agua».
No obstante, fuentes del sindicato han expresado a Efe su «preocupación» por el hecho de que no está claro quién va a asumir el esfuerzo que supone mantener esos recursos.
Las concesiones de extracción de agua también son objeto de discrepancia, como ha puesto de manifiesto la Junta de la UAGN de la Merindad de Estella, que ha alertado de posibles afecciones sobre el ecosistema del Ega y ha exigido a la Confederación Hidrográfica del Ebro una planificación de esas concesiones de extracción de agua.