El debate de ayer martes tuvo como base la posición que la comisión de Agricultura del PE aprobó en enero, cuando dio su visto bueno a una transición hacia una agricultura más "verde".
Entonces, los eurodiputados respaldaron que el 30 % de los pagos directos a los agricultores se destine a quienes realicen determinadas prácticas ecológicas.
Esas medidas consisten en la rotación de los cultivos y el mantenimiento de un "área de interés ecológico" de al menos 7% de las tierras agrícolas y los pastos permanentes.
Para la diputada francesa de los Verdes Catherine Grèze, la ausencia de rotación y la proliferación de monocultivos como el maíz, "gran consumidor de agua y pesticidas", es responsable de "problemas de contaminación".
Algunas de las discrepancias que todavía persisten tienen que ver con cómo se hará el reparto de los fondos, ya que eurodiputados de izquierdas insisten en que el límite de ayudas de 300.000 euros para las grandes explotaciones es excesivo e impide una distribución más "justa".
El diputado francés de Izquierda Unitaria Patrick Le Hyaric consideró que ese tope es "demasiado elevado para promover el desarrollo rural".
El ponente y socialista portugués Luis Manuel Capoulas defendió el resultado de la votación en la comisión parlamentaria, pero recalcó que su grupo presentará enmiendas mañana para mejorar las normas de transparencia sobre las ayudas, a fin de conocer más detalles de los beneficiarios, y para evitar la llamada "doble financiación", que consideró "inaceptable".
La comisión de Agricultura defendió destinar al menos un 25% de la partida de desarrollo rural a prácticas ecológicas, lo que podría traducirse en una "doble financiación" dado que ese tipo de proyectos ya estarían recibiendo un 30 % de los pagos directos.
En opinión del liberal británico George Lyon, el PE debe incluir cambios para permitir a los países más "flexibilidad" a la hora de distribuir fondos a las actividades agrícolas ecológicas.
En el voto de enero, los diputados apoyaron además definir el concepto de "agricultor activo" para evitar que se beneficien de subvenciones personas que no tengan una explotación agraria, como "campos de golf o aeropuertos", recordó Capoulas.
También propusieron prolongar hasta 2020 el régimen de cuotas en el sector del azúcar (la CE había propuesto 2015) y los derechos de plantación de viñedos hasta 2030 (la CE propuso 2016), en tanto que abogaron por conceder ayudas a los productores lecheros que reduzcan voluntariamente su producción como mínimo un 5%.
La eurodiputada española del PP Esther Herranz aseguró que "sería lamentable destruir una gestión de la producción" vitícola "que está dando sus frutos", por lo que pidió mantener los derechos de plantación "más allá de 2018".
En esa línea se expresó su correligionario francés Michel Dantin, quien destacó que esos derechos de plantación son una "garantía" económica, social y cultural para muchos productores, a la vez que manifestó que "las cuotas no son la mejor opción" pero que no se pueden suprimir "tan pronto".
Por su parte, el diputado español del PP Gabriel Mato abogó por limitar la superficie con derecho a ayudas, que en países como España podría extenderse excesivamente dadas las características de su terreno y quedar así demasiado diluidas las ayudas.
Asimismo, defendió apoyos para el tabaco y la leche, importantes para regiones como Extremadura y Canarias.
La socialista española Iratxe García valoró como "indispensable" mantener las cuotas del azúcar hasta 2020, los derechos de los viñedos hasta 2030 y reintroducir la cuota láctea.