Los votos del Partido Popular Europeo (PPE) y de los grupos de ultraderecha en el Parlamento Europeo lograron este miércoles 25 retrasar un año, hasta el 30 de diciembre de 2026, la aplicación de la nueva ley europea para que el consumo europeo de ganado, cacao, café o madera no genere deforestación en origen.

Con 402 votos a favor, 250 en contra y 8 abstenciones, el pleno de la Eurocámara alineó sus postulados con el Consejo de la UE -los Estados miembros- y retrasó la aplicación de esa ley contra la deforestación, que el año pasado ya había sido postergada doce meses entre fuertes presiones de algunos países y sectores afectados.

Es la segunda vez este mes en la que los partidos de extrema derecha y el Partido Popular Europeo unen fuerzas en un escrutinio sobre una normativa medioambiental, tras haber rebajado también las exigencias a las empresas en materia de diligencia debida, sostenibilidad y responsabilidad corporativa.

«El PPE demuestra que su objetivo es, efectivamente, desmantelar el texto sobre deforestación al volver a aliarse con la extrema derecha en determinadas enmiendas y negarse a defender la propuesta de la Comisión», declaró la eurodiputada verde Marie Toussaint.

El voto de este miércoles es fruto del fracaso de las negociaciones entre populares, socialdemócratas, liberales y verdes para pactar una postura común y supone un nuevo revés a las políticas verdes aprobadas durante la pasada legislatura comunitaria.

La negociadora democristiana Christine Schneider aseguró que la votación «garantiza la prevención efectiva de la deforestación ilegal, al tiempo que reduce cargas innecesarias para operadores, agricultores y silvicultores» y promueve «el crecimiento económico y prácticas forestales más sostenibles».

La conjunción de la postura del Parlamento y el Consejo evita que ambas instituciones tengan que incurrir en largas negociaciones para acordar un texto definitivo y hará casi automático el retraso de un año al Reglamento de la Unión Europea contra la Deforestación, EUDR en jerga comunitaria.

«Hemos evitado una situación en la que miles de empresas habrían sido empujadas al caos jurídico y administrativo», señaló el grupo de los Reformistas y Conservadores Europeos.