Concretamente, la tasa anual de secuestro se estima en un 6 por ciento de las emisiones totales de C02 estimados por el Gobierno para un año y el 56 por ciento de las que corresponden a la agricultura.
En este sentido, los autores del estudio abogan por un cambio en la norma que “deje de tratar igual al sector agroalimentario que una fábrica de cemento o una compañía aérea, donde no hay secuentro de carbono alguno en las materias primas que emplean.
Para más información y conocer los detalles del estudio: http://www.agroinformacion.com/publi/20140327VR375_Supl_HC.pdf