Con el presupuesto previsto se llevarán a cabo 16 actuaciones en las provincias de Alicante, Castellón y Valencia.
En Alicante–SAT (Sociedad Agraria de Transformación) San Enrique (7 millones de euros); C.R. Riegos de Levante Margen Izquierda. Fase II (4,5 millones de euros); C.G.R. (Comunidad General de Regantes) Riegos de Levante. Sustitución del segundo canal de Poniente por tubería (2,08 millones de euros); C.G.R. Riegos de Levante. Cuarto Canal de Poniente. T.M (Término municipal). de Orihuela (2,1 millones de euros).
En Castellón–C.R. Villarreal. Fase IV-1. Proyecto nueva conducción desde el Canal de la Cota 100 de la M.I. del Mijares hasta la C.R. de Castellón (4,09 millones de euros); C.R. Villarreal. Fase IV-2. Proyecto nueva conducción desde el canal de la Cota 100 M.D. del Río Mijares (16,3 millones de euros); C.R. Villarreal. Fase IV-3. Zona Cariñena (1,5 millones de euros); C.R. Almazora. Fase II. Obras Complementarias. (508.475 euros); C.R. Segorbe (3 millones de euros) ; C.R. Nules y Mascarel (350.000 euros); y C.G.R. Vall de Uxó (1,5 millones de euros).
En Valencia–C.R. La Alcudia (Júcar-Turia) (7,8 millones de euros); C.R. Foia del Pou (7,6 millones de euros); C.R. Benimodo (San Felipe) (1,6 millones de euros); C.R. Liria. Fase II (4 millones de euros); C.R. Casinos. Fase IV. Obras Complementarias. (1,2 millones de euros).
Estas actuaciones beneficiarán a un total de 49.547 regantes y afectarán a una superficie de 61.045 hectáreas.
El uso eficiente y racional del agua y la implantación de nuevas tecnologías en el regadío, es el motor de la política del Gobierno para la modernización de los sistemas de riego en España. El impulso de la mejora de los recursos hídricos, unido a la mejora de le eficiencia energética, lleva aparejado la mejora de la competitividad de las explotaciones agrarias, gracias a una mayor productividad y a un menor coste de producción.
El Gobierno de España, a través del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, sigue apostando por la modernización de los regadíos conforme a los criterios de racionalidad y sostenibilidad que deben sustentar las actuaciones del sector público