En la misma,ASAJA valora "muy positivamente el esfuerzo de las administraciones, pero hay que dejar claro que estamos hablando de una autorización excepcional" que tendrá efecto solo desde el 21 de julio hasta el 18 de noviembre de 2014. Estas medidas con autorizaciones excepcionales son bien recibidas por ASAJA pues van a aliviar los problemas de control fitosanitario de dos de los cultivos punteros de nuestra provincia, aunque solo de forma puntual.
Por ello, ASAJA considera, como ha denunciado en repetidas ocasiones, que la solución pasa por poner en marcha la legislación comunitaria sobre usos menores, que "incomprensiblemente para los agricultores, está completamente estancada". Esta legislación abarca los cultivos que no son ampliamente cultivados en los Estados Miembros (por ejemplo aguacate y mango) y que aunque se cataloguen como menores, en conjunto representan el 22% del valor total de la producción vegetal de la UE, y facturan 70.000 millones de euros al año.
Su coste no puede impedir que la CE apruebe su uso de forma permanente
Los productores de estos cultivos necesitan que las empresas de fitosanitarios registren productos fitosanitarios, que a su vez autorizan los Estados Miembros. El registro es muy caro y a veces no les compensa el gasto. Por eso, no por otra cosa, no se autorizan.
Las pérdidas e incrementos de costes de los agricultores por no poder utilizar determinados fitosanitarios los valora la propia Comisión en 1.000 millones de euros. En Málaga existen casos muy claros y concretos en los cultivos de mango, aguacate y una gran variedad de hortícolas, entre otros, y afecta muy directamente a la producción ecológica.
Asimismo, el cultivo de hierbas aromáticas siempre según la propia Comisión, podría desaparecer del Sur de Europa. Bien sabemos en Málaga el grave problema que tienen estos cultivos. Recordemos que la UE ha retirado un 70% de las sustancias activas desde 1993.
Por ello, ASAJA Málaga ha denunciado que esta prohibición de uso es solo para los productores europeos, no así para los productores de terceros países, otra "incongruencia más de la Comisión".