En este ámbito García Tejerina ha señalado cómo desde el inicio de las negociaciones España ha defendido la necesidad de establecer un mecanismo de convergencia interna por aproximación, más progresivo y limitado en el tiempo, para tratar de limar las diferencias entre lo percibido con el modelo actual y con el nuevo”. También ha destacado el interés de España “de limitar el número de hectáreas admisibles que pueden entrar en el sistema de pago básico, mediante el establecimiento de un periodo de referencia anterior a 2014”.
En relación con otra de las propuestas de la Comisión, como es la introducción de un componente verde o ‘greening’ obligatorio, para apoyar diversas prácticas beneficiosas para el clima y el medio ambiente, la secretaria general ha subrayado que para España es esencial que la propuesta se ajuste, “para que se tenga en cuenta la diversidad de producciones y la realidad agraria de los países mediterráneos”.
En este sentido, ha añadido que “se considera imprescindible flexibilizar la propuesta de la Comisión sobre la diversificación de cultivos y el mantenimiento de las superficies de interés ecológico ya que, en muchos casos, las medidas propuestas no son aplicables a una agricultura mediterránea como la española”.
Por otro lado, y con respecto al mantenimiento de las superficies de interés ecológico, García Tejerina ha explicado que desde la posición española se propone “un umbral mínimo de 20 hectáreas, que se reduzca el porcentaje del 7% al 3%, y que se incluyan dentro de esta categoría y se reconozca el valor ambiental intrínseco de ciertos tipos de producciones agrarias”. En este apartado se incluirían las superficies en zonas Natura 2000, los cultivos permanentes, los cultivos bajo agua, los cultivos como las leguminosas o las superficies acogidas a medidas agroambientales.
En relación con la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y el Consejo por el que se crea la OCM única, la secretaria general ha puntualizado que “es preciso avanzar hacia la creación de una verdadera red de seguridad de protección de los mercados, que atienda a todos los productos con problemática similar”. En ésta línea, ha destacado los cereales, indicando que se reclama el mantenimiento de la intervención pública para trigo duro y sorgo, así como la apertura obligatoria del mecanismo de intervención en caso necesario.
También ha abogado por un mecanismo de revisión y actualización de los precios de referencia para todos los sectores y, cara a la protección de los mercados, ha resaltado la necesidad de seguir trabajando en la ampliación de las medidas excepcionales propuestas a todos los sectores sin excepción. “Dichas medidas deberían poder contar con una dotación financiera adecuada y ser los suficientemente flexibles para poder hacer frente a cualquier situación de crisis”, ha subrayado.