El Pais.- El conflicto se remonta a la rescisión, por parte del Ayuntamiento de Gandia, de la contrata de la gestión del agua con Aguas de Valencia, en enero de 2012. Esto supuso que la adjudicataria, Aguas de Valencia, tuviera derecho a una indemnización que asciende a 86 millones de euros. Entre las condiciones para ser la nueva adjudicataria del agua, está la de realizar el pago de la indemnización a la adjudicataria anterior. Dado que el pago de esa cantidad es difícilmente asumible por las empresas que compiten por la gestión del agua de Gandia, Aquagest Levante solicitó la paralización del concurso porque considera que este no respeta el principio de concurrencia competitiva.
Ante este recurso, el mismo juzgado dictó la paralización como "medida cautelar provisionalísima" a la espera de que este conflicto se resolviese. Esta decisión podía ser recurrida por Aguas de Valencia y ahora el juzgado resuelve mantenerla. Contra esta resolución cabe interponer un recurso de apelación en un plazo de 15 días.
Aquagest Levante S.A. ha hecho una interpretación propia del auto en la que asegura que el concurso hace una "distorsión inaceptable del mercado, que impide la concurrencia de otros licitadores y que supone una desviación de poder".