El Instrumento Financiero de Gestión Centralizada (IFGC), impulsado por el Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación, ha facilitado el acceso al crédito a 1.000 agricultores, ganaderos selvicultores e industrias agroalimentarias de Castilla y León, Extremadura y Galicia. Estas tres comunidades autónomas son las que, hasta el momento, han decidido dedicar parte del Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural (Feader) a ofertar préstamos garantizados. Una iniciativa que se abre ahora a otras CCAA gracias a los cambios en la nueva PAC.
El IFGC es un instrumento financiero de garantía, gestionado por la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (Saeca), que proporciona una cobertura de los riesgos de crédito del 80% por cada préstamo, con un límite del 20% de la cartera. El millar de préstamos garantizados formalizados es un hito que demuestra el éxito de colaboración público-privada a la hora de apoyar al sector agroalimentario y, de forma especial, a los colectivos con mayores dificultades para acceder a créditos, como el de los jóvenes agricultores, lo nuevos productores y las start-ups o empresas emergentes que operan en el sector.
La formalización de todos estos préstamos ha supuesto la movilización de casi 150 millones de euros desde que se concretó el primero de ellos, en marzo de 2019. Los interesados en un crédito lo pueden hacer a través de una de las 15 entidades financieras que se han adherido al IFGC: Abanca, Banca Pueyo, BBVA, Caixabank, Caja Rural de Salamanca, Caja Rural de Soria, Caja Rural de Zamora, Cajamar, Cajaviva, Eurocaja Rural, Unicaja, Caja Rural Almendralejo, Caixa Rural Galega, Banco Sabadell y Caja Rural de Extremadura.
En todo este tiempo, el IFGC ha garantizado operaciones muy variadas, destinadas a inversiones en explotaciones; transformación, comercialización y desarrollo de productos agrícolas; creación de empresas por jóvenes agricultores; inversiones en tecnologías forestales así como en transformaciones, movilización y comercialización de productos forestales.
También se ha enfocado al capital circulante autónomo para explotaciones, cooperativas y otras entidades asociativas agrarias y al de industrias agroalimentarias y forestales en el marco de las medidas excepcionales tras la situación generada por la covid-19.
El IFGC ha cubierto, por ejemplo, el riesgo de préstamos para la puesta en marcha de 73 nuevas empresas de jóvenes agricultores o para garantizar la actividad de 250 negocios agroalimentarios que sufrieron los efectos de la crisis de la covid. También, ha garantizado créditos para la compra de instalaciones y terrenos; maquinaria agrícola y forestal nueva o de segunda mano; paneles solares para mejorar la eficiencia energética o la adquisición de uva para bodegas con denominación de origen, en este último caso de Galicia.
EXTENSIÓN A MÁS COMUNIDADES AUTÓNOMAS CON LA NUEVA PAC
A lo largo de 2023, el ministerio espera poner en marcha el nuevo IFGC del Plan Estratégico de la Política Agraria Común (PAC) 2023-27, al que está previsto que se adhieran otras seis comunidades: Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria y Castilla-La Mancha.
Y es que, los instrumentos financieros son, cada vez más, un mecanismo de apoyo complementario a las subvenciones, dada su enorme versatilidad y agilidad para favorecer la puesta en marcha de inversiones y hacer frente a situaciones de volatilidad con préstamos garantizados.
Como novedades, con la nueva PAC se permite la financiación de capital circulante independiente de inversiones. Además, hay una mayor flexibilidad en la elegibilidad de las inversiones y más posibilidades para combinar subvenciones e instrumentos financieros en una sola operación.
En este nuevo periodo el importe máximo de la ayuda para el establecimiento de jóvenes agricultores y la puesta en marcha de nuevas empresas rurales se incrementa hasta los 100 000 euros.
El IFGC nace del Marco Nacional de Desarrollo Rural 2014-20 aprobado por la Comisión Europea. Dicho programa preveía la creación de un instrumento financiero abierto a la participación de todas aquellas comunidades autónomas que lo deseen con el objeto de agrupar las contribuciones de los planes de desarrollo rural (PDR) bajo una misma estructura de gestión e intermediación con las entidades financieras.