EFE.- En el primer borrador que el Ministerio de Trabajo envió a la CEOE, CCOO y UGT se proponía que ese plazo máximo fuera de 20 meses antes de someterse a un mecanismo de mediación -incluido el arbitraje vinculante-, tope que ayer rebajó Gómez a entre 12 y 18 meses después de haberse reunido con los sindicatos para explicarles su propuesta de reforma.
El plazo de 8 meses para renovarlo será para los convenios cuya duración sea de dos años, mientras que el tope de 14 meses se aplicará a los convenios cuya vigencia sea mayor de dos años, explicó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros Valeriano Gómez.
Se fija una nueva "dinámica" de negociación, ya que se reduce de los actuales 6 meses a 3 el plazo para denunciar un convenio.
Además, se establece en un mes el tiempo máximo para constituir la comisión negociadora del nuevo convenio.
Con estas medidas lo que se evita es que se pierda la ultraactividad (la renovación automática de un convenio expirado ante la falta de acuerdo para renovarlo), precisó Gómez, quien añadió que hay que evitar que la negociación partiera de "cero" y supusiera una pérdida de derechos para los trabajadores.
Una vez agotados esos dos plazos es cuando entra en vigor el proceso de mediación o arbitraje, dijo Gómez, que recordó como gracias a ese sistema se resolvió el conflicto de los controladores aéreos.
Otra novedad que destacó Valeriano Gómez es que el convenio de empresa tendrá prioridad sobre el provincial en materia de cuantía de salarios, jornada (un 5 % se podrá distribuir de forma irregular anualmente como medida de flexibilidad interna), funciones y traslados.
De acuerdo con Gómez, existe un "excesivo peso" de los convenios provinciales en la negociación colectiva, de ahí que el Gobierno haya hecho una reforma "equilibrada y profunda"
En materia de flexibilidad interna, la reforma obligará a que entre los contenidos mínimos de un convenio haya medidas de este tipo para favorecer la competitividad y poder adaptarse de mejor forma a las circunstancias económicas y laborales.
No obstante, el real decreto destaca que las medidas de flexibilidad interna se deberán pactar entre los representantes de la empresa y los trabajadores.
En este sentido, sólo concreta una medida: como mínimo el 5 % de las horas de trabajo anuales de un empleado podrá distribuirse de manera "irregular" para acomodarse a las necesidades de producción de la empresa.
En aplicación de esa flexibilidad interna, si la empresa decide modificar las condiciones de sus trabajadores sobre traslados, jornada, funciones y salarios ("descuelgue", es decir no aplicar la subida pactada) se mantiene el período de consulta de 15 días con los sindicatos.
Hasta ahora si ese plazo acaba sin acuerdo el siguiente paso era recurrir al conflicto colectivo en los tribunales, mientras que ahora el decreto refuerza el papel de la comisión paritaria, que deberá pronunciarse en un plazo de siete días.
De mantenerse el desacuerdo, se recurrirá a los procedimientos de mediación y arbitraje.
El ministro de Trabajo dijo estar convencido de que la reforma producirá un "gran rendimiento", porque en el medio plazo hará que se aumente el número de empresas con convenio propio frente al "lunar gris" del convenio provincial.
Además, habrá más trabajadores regulados por convenios durante los próximos años, pronosticó Gómez, quien añadió que lo que también se espera es que se haga un menor uso del despido y que se "muevan" los salarios o las jornadas para evitar que se eche a los trabajadores como medida de las empresas para salir de la crisis.