En una nota de prensa del Ministerio, se destaca que con Castilla y León quedarían pendientes para 2013 28 millones de los 45 iniciales que corresponderían al cien por cien de la financiación de los programas, que se harán efectivos a medida que la tramitación presupuestaria lo permita. Por otra parte, consdiera que "parece poco oportuno que a mediados del mes de mayo esta Comunidad haya solicitado el 96,4% de los fondos asignados para el conjunto del año. De habérselos transferido se hubiese causado un grave perjuicio a otras CC.AA".

    El Ministerio recuerda que en la reunión de Autoridades de Gestión del pasado 19 de febrero se acordó aprobar una limitación provisional del envío de la participación de la Administración General del Estado a los Programas de Desarrollo Rural de las Comunidades Autónomas, hasta el 40% del techo de financiación establecido para este año. El objetivo de la decisión fue repartir equitativamente los fondos disponibles para el presente ejercicio y atender al máximo, dentro de las limitaciones existentes, las necesidades de financiación de todas las Comunidades Autónomas.

    La Secretaría General de Agricultura y Alimentación ha notificado a aquellas CCAA que hayan recibido ya el 40% de las cantidades asignadas para todo el ejercicio 2013 que no se les enviará más dinero hasta que haya más recursos económicos para todas las CCAA con el fin de permitir una distribución equilibrada de los fondos AGE disponibles.

Periodo 2007-2013 y revisión de la financiación

    Los Programas de Desarrollo Rural (PDR) de las CC.AA son una de las prioridades del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a la que se están destinando todos los recursos económicos y humanos disponibles.

   Sin embargo, la aplicación de estos programas es competencia exclusiva de cada Comunidad Autónoma, que ha decidido cuáles son sus prioridades y determina de forma autónoma los flujos financieros dentro de los límites establecidos. El Ministerio colabora mediante la aportación de fondos complementarios a los que corresponde aportar a la Unión Europea y a cada Comunidad.

    En este contexto, el MAGRAMA ha aportado importantes fondos destinados a la ejecución del Programa de Castilla y León, que a finales de 2012 ascendían a 339 millones de euros en el periodo 2007 – 2012. Estos fondos suponen el 71% del total de fondos comprometidos para el conjunto del Programa, cuya aplicación se extiende hasta 2015 y que han cubierto todas las necesidades de financiación demandadas por esta Comunidad.

Preocupación por el destino de los fondos

   En el año 2012, al ponerse de manifiesto las dificultades presupuestarias indicadas, el Ministerio realizó una revisión de la financiación anticipada a las CC.AA. por diversos conceptos, pues existía una cierta preocupación por la aplicación de los fondos transferidos. En el caso de Castilla y León, esta revisión afloró deudas por importe de 14,39 millones de euros que estaban en poder de la Comunidad sin haber sido debidamente justificados.

    Se pactó por ambas partes destinar dichos fondos a la financiación del PDR mediante un acuerdo suscrito con fecha 30 de noviembre por la Secretaria General de Agricultura y Alimentación del MAGRAMA y el Secretario General de Agricultura y Ganadería por parte de la C.A. Incluyendo esta aportación extraordinaria el Ministerio aportó una cantidad total de 66,7 millones de euros para financiar el PDR de Castilla y León, no quedando a 31 de diciembre ninguna solicitud de la Comunidad sin cubrir por la correspondiente aportación del MAGRAMA. De hecho quedaron unos remanentes en poder de Castilla y León por importe de 4,38 millones que hubieran podido ser utilizados para financiar su PDR.

    Por otra parte, Castilla y León procedió a solicitar una reprogramación de su PDR, solicitando a la Comisión de la U.E. un incremento de la tasa de cofinanciación FEADER de las medidas de su programa. Este incremento se traduce lógicamente en una disminución de la aportación nacional a realizar para conseguir los mismos fondos europeos, facilitando así la ejecución del Programa y evitando una posible perdida de fondos.

    Esta reprogramación ha sido realizada por la práctica totalidad de las CC.AA., repartiéndose el ahorro de financiación conseguido de forma equitativa entre ambas administraciones. Sin embargo Castilla y León ha pretendido un tratamiento especial destinando todo el ahorro a su propia financiación, lo que supondría un trato discriminatorio para las otras Comunidades, cuestión esta que el MAGRAMA no puede aceptar.

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