En declaraciones a los periodistas al inicio del encuentro, la secretaria general del MAGRAMA ha apuntado que el Gobierno central "viene defendiendo el reparto por región económica desde el principio" en la reforma de la PAC.
García Tejerina ha recordado que esta reforma de la PAC "no la pedimos pero nos la hemos encontrado, por lo que estamos trabajando para modificarla, cambiarla y adaptarla a los intereses del sector agrario español".
De esta forma, el gobierno busca que "el dinero se quede donde estaba hasta ahora", para lo cual "se han dado pasos importantes, toda vez que lo primero es conseguir que haya dinero en las negociaciones del marco financiero plurianual, que deben ser ratificadas por el Parlamento Europeo". En ese sentido, ha recordado que para España "se aprobó una cantidad, entre medidas directas y ayudas al desarrollo rural, de 47.000 millones de euros para el período 2014-2020, más que el dinero que recibimos en el período anterior".
Por tanto, y según recoge Europa Press, García Tejerina ha destacado que "tenemos el dinero que necesitamos", a lo que se suma la petición de limitar el número de hectárea, "petición que está bastante consolidada", toda vez que "si hubieran entrado los 17 millones de hectáreas que inicialmente proponía la CE, hubiera habido un importante trasvase de dinero hacia agricultores, propietarios o arrendatarios de tierras que no tenían la actividad que hoy es beneficiaria de la PAC".
Asimismo, ha agregado que el tercer frente se centra en "buscar un criterio de regionalización que permita dejar el dinero donde está y limitar los posibles trasvases". "A este Gobierno nunca le ha gustado la tasa plana y estamos trabajando con la CE y con comunidades autónomas por dejar el dinero en las manos de los agricultores y ganaderos que actualmente los vienen percibiendo", ha aseverado la portavoz.
En ese sentido reconoce que la CE "se opone frontalmente" a esos criterios "porque entiende que lo otro es más igualitario y piensa que hay que trabajar en una uniformización de las ayudas", aunque insiste en que "a pesar de la oposición del comisario en este punto concreto, España está dando la batalla, estamos reuniéndonos con el Parlamento, con el comisario y les haremos ver las dificultades que crea en un países como España, con la riqueza productiva que tiene este país; es necesario respetar diferentes niveles de apoyo".
"Sabemos que es complicado pero estamos trabajando en ello para evitar efectos negativos de la reforma para España", ha agregado.
Una PAC buena para Andalucía lo será también para España
Por su parte, el consejero de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, Luis Planas, ha destacado el hecho de que "una PAC buena para Andalucía lo será también para España, teniendo el cuenta el peso y las características de diversidad territorial y sectorial del sector agroalimentario andaluz".
En ese sentido, Planas ha insistido en que "la comunidad autónoma andaluza es la punta de lanza de la agricultura española al albergar casi todos los sistemas productivos".
Considera que "nos encontramos en un momento crucial, del debate sobre la reforma de la PAC, en el que es fundamental que el Gobierno de España, que es el que más apoyo ha tenido para su negociación en Bruselas, siga defendiendo, de la mano de las comunidades autónomas, una PAC que contemple el apoyo a las singularidades de la agricultura y la ganadería de España y de Andalucía". Aunque, según ha matizado, "ésta no es la reforma de la PAC que queríamos, es la que está sobre la mesa y la que tenemos que negociar para conseguir el mejor resultado posible".
En opinión de Planas, la actual propuesta de la PAC no es tanto fruto de la capacidad de Europa de desarrollar unas perspectivas y enfoques que den respuesta a las necesidades mundiales de abastecimiento de alimentos con garantía de calidad y seguridad, como resultado de la ampliación de la Unión Europea a partir de 2004. "Para España y, especialmente Andalucía, ésta no es nuestra PAC porque contamos con una realidad productiva diversa y muy compleja y, por tanto, la propuesta de una ayuda por hectárea es un modelo que no responde a las necesidades de nuestros agricultores y ganaderos", ha enfatizado.
En ese sentido, el consejero ha destacado la importancia de mantener los niveles actuales de apoyo para los productores agrarios y ha destacado como aspecto fundamental de esta negociación que se mantenga el presupuesto de la PAC que actualmente recibe el campo andaluz, unos 2.000 millones de euros al año que, según ha indicado, "representan el 25% del total nacional, y el 31% en el caso de las ayudas directas, y benefician a 280.000 agricultores y ganaderos".
Asimismo ha señalado la necesidad de defender el reparto sectorial y territorial de las ayudas y de que en el próximo marco se minimice el impacto real sobre las ayudas de cada agricultor, y se evite dar ayudas a beneficiarios sin actividad, así como la entrada de nuevas superficies en el sistema de ayudas, especialmente pastos sin actividad.
No hay ninguna condicion externa que obligue a equiparar las ayudas
Por su parte, el Presidente del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), Fernando Miranda, abordó en su intervención la marcha de las negociaciones de la PAC y aclaró que en España, salvo raras excepciones en unas pocas comarcas de cereales, oleaginosas y proteaginosas los importes de las ayudas no son geográficamente homogéneos, por lo que desde el Ministerio estamos trabajando en un sistema que agrupe a los agricultores y ganaderos de manera homogénea en función de la intensidad de las ayudas.
Fernando Miranda aclaró que “no existe ninguna condición externa que obligue a equiparar todas las ayudas directas de la UE”, ni la Organización Mundial de Comercio (OMC) ni ninguna otra institución nos obliga a hacerlo. No existe tampoco ningún hecho objetivo que obligue a subir los pagos de los que están por debajo, por lo que el Magrama, con la premisa de que las ayudas se circunscriban a la actividad agraria, está trabajado en la determinación de “universos homogéneos”.
ASAJA-Sevilla insiste en evitar el trasvase entre explotaciones
Por otra parte, el secretario general de ASAJA Sevilla, Eduardo Martin, ha recordado que en dichas jornadas "se intenta clarificar la gran incertidumbre que existen en torno a la reforma de la PAC", de forma que "se debe seguir trabajando en ver cómo podemos darle la vuelta a una reforma tremendamente negativa de la CE".
En ese sentido, ve "importantísimo" conseguir tener una reforma de la PAC donde "haya el menor de los trasvases posibles entre explotaciones", tras lo que ha alertado de "los peligros tremendamente graves para la agricultura más productiva y especialmente para la agricultura mediterránea" que puede existir con esta reforma.
Por su parte, el secretario general técnico del Ministerio de Agricultura, Adolfo Díaz-Ambrona, ha hablado sobre el proyecto de Ley para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, con el que se quiere "dar respuesta a una de medidas originales del proyecto del Gobierno del PP para 2012 que es tratar de regular todos los problemas que existen en el sector agroalimentario, un sector con enormes fortalezas pero con debilidades estructurales en la cadena agroalimentaria".
De esta forma, con esta ley "se dará respuesta a esa debilidad estructural, pues se trata de una reforma estructural del sector, que trata de dar respuesta a todo el sector agroalimentario".
Seguridad jurídica a los agricultores
Por su parte, la registradora de la propiedad Belen Madrazo, ha destacado el papel de los registros, que "ponen a disposición la infraestructura de los 1.200 registros distribuidos por toda España y que proporcionan seguridad jurídica con su plantilla perfectamente formada para que el registro sea un instrumento que analice las necesidades del agricultor, se evite burocracia, exista coordinación entre todos, fincas, registradores y comunidades autónomas".
"Damos protección al empresario agrícola y restauramos su papel como agente importante en la conversación de la biodiversidad y la seguridad de la cadena agroalimentaria", ha aseverado Madrazo.
Este foro, en el que han colaborado Gipur, la Fundación Cruzcampo, el Colegio de Abogados de Sevilla, Caja Rural del Sur, Tirant lo Blanch, AgrifoodEnergy Consulting y el pr oyecto de Investigación Derecho Privado Europeo, ha contado con destacados ponentes que debatieron sobre la legislación agraria y analizaron entre otros asuntos: las nuevas propuestas legislativas para una agricultura en cambio, especialmente el proyecto de Ley para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria; el nuevo reglamento de desarrollo rural o las nuevas herramientas tecnológicas para la visibilidad y simplificación legislativa.