El Gobierno estudiará con los agentes sociales el impacto de las medidas específicas de apoyo al empleo en las tres provincias con menor densidad de población –Soria, Cuenca y Teruel-, entre ellas la fiscalidad diferenciada, para ver «si es conveniente o no» ampliarlas a otros territorios despoblados.
El secretario general de Reto Demográfico, Francesc Boya, ha hecho esta afirmación en un desayuno informativo de Nueva Economía Forum celebrado este lunes en Madrid, donde ha precisado que esa decisión se tomaría, en su caso, siempre «en el marco de la Unión Europea», fuera del cual no puede actuar el Gobierno en esta materia.
Boya, que ha señalado que la fiscalidad es «un elemento más» entre las medidas puestas en marcha para combatir la despoblación, contra la que «no hay soluciones mágicas», ha subrayado que el Gobierno ha comenzado con Soria, Teruel y Cuenca «una primera medida con prudencia», que «lo que pretende es apoyar la creación de nuevo empleo en las empresas de los municipios más pequeños».
GUADALAJARA Y ZAMORA TAMBIÉN RECLAMAN UN TRATO DIFERENCIAL PARA ELLAS
La extensión de la fiscalidad diferenciada a otras áreas despobladas ha sido solicitada en las últimas semanas por el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, para zonas de la provincia de Guadalajara, o por organizaciones empresariales, partidos políticos e instituciones de Zamora.
En el encuentro informativo, el secretario general de Reto Demográfico ha incidido en «avanzar en la digitalización» como «uno de los elementos claves» para equiparar en oportunidades las zonas urbanas y las rurales, y ha destacado que la brecha entre ambos espacios en esta materia se ha reducido en 13 puntos porcentuales solo en este año.
Francesc Boya se ha declarado «optimista» respecto a las posibilidades de revertir la situación de la España vacía, aunque ha apuntado que «no va a haber crecimientos muy importantes de población en los próximos años», por lo que «de lo que se trata es de repartir mejor la población».
A su juicio, «las ciudades son las que deben tener el máximo interés en que los pueblos sigan vivos» puesto que «sin el medio rural no van a conseguir la sostenibilidad que requieren», por lo que es necesario «buscar sinergias» entre ambas y «no creer que son dos espacios antagónicos».
En España, ha indicado, el 80% de la población vive en el 20% del territorio; hay 23 provincias en situación «crítica», 19 de ellas entre las menos pobladas de Europa; y unos 4.000 municipios tienen una densidad de población por debajo de los 12,5 habitantes por kilómetro cuadrados, el umbral por debajo del cual se considera que «no hay vuelta atrás».
«Ninguna democracia que se precie puede tener un país a dos velocidades ni ciudadanos de primera y de segunda», ha declarado Boya, que ha sostenido que el «reto demográfico también es un reto democrático».