Ha asegurado que con ambas leyes, España se ha anticipado a la reforma de la PAC y a Europea con medidas que "mejorarán la vertebración y competitividad del sector".
Estas regulaciones "marcarán un antes y un después" en las relaciones entre productores, industria y supermercados para fijar precios, recalcó.
En cuanto al contenido, ha destacado dentro de la Ley de la Cadena Alimentaria, la obligatoriedad de contratos, plazos mínimos de pago, la regulación de subastas electrónicas y sobre todo "un régimen sancionador" porque de lo contrario la normativa sería "un brindis al sol".
Estas medidas darán "una enorme seguridad jurídica y transparencia", ha añadido.
En cuanto a la Ley de Integración Cooperativa, García Tejerina ha remarcado que ofrece las "herramientas necesarias" para la reforma que estas entidades necesitan con el fin de innovar y "mejorar la vida de sus socios y la renta de los productores agrarios".
Acortar distancias respecto a Europa
Esta ley plantea el reconocimiento de entidades asociativas prioritarias, de carácter supraautonómico, así como un plan estatal de integración cooperativa.
Ambas leyes, ha añadido, se suman a la líneas estratégicas de internacionalización del sector agroalimentario del Ministerio y al plan que presentará después del verano para fomentar la innovación y la investigación en este ámbito, según García Tejerina.
Las cooperativas españolas, ha remarcado, "tienen una oportunidad histórica" para acortar distancias con las cooperativas de otros países europeos. "El Gobierno ha trazado el camino (al sector), lo ha asfaltado, señalizado y llenado de gasolina", ha concluido.
4.000 cooperativas, un millón de socios y 100.000 empleos
En España, el asociacionismo agrario en general, y las cooperativas en particular, contribuyen a la vertebración del territorio al dar continuidad a la actividad agraria, con lo que fomentan el empleo rural y el desarrollo económico y social de las zonas rurales.
En concreto, España cuenta con cerca de 4.000 entidades y más de un millón de socios, con una facturación de 18.797 millones de euros en 2012, dando empleo directo a cerca de 100.000 trabajadores.
No obstante, el sector se caracteriza por una elevada atomización, lo que provoca que las cooperativas no vean rentabilizados sus esfuerzos e inversiones. En la actualidad, ninguna cooperativa española está entre las veinticinco más grandes de la Unión Europea, lo que hace necesario impulsar reformas estructurales de calado para conseguir su redimensionamiento.
Para conseguir mayor competitividad, modernización e internacionalización, se hace imprescindible impulsar medidas que fomenten la concentración de la oferta en origen y que potencien la creación de grupos comercializadores de base cooperativa y dimensión supraautonómica, capaces de operar a lo largo de toda la cadena agroalimentaria, en los mercados nacionales e internacionales.