El Gobierno obligará a revisar el precio de compra de la leche en los contratos de larga duración cuando se incrementen los costes de producción que no dependan del ganadero, ha anunciado este martes el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez.

El jefe de Gobierno ha señalado en la sesión de control del Senado que van a modificar el decreto que regula los contratos lácteos con el fin de «garantizar los precios justos a los productores» ante la crisis que atraviesa el sector.

Ha respondido así a una pregunta de la senadora del PNV Estefanía Beltrán de Heredia sobre si el Ejecutivo considera que el sector primario, y en concreto el sector lácteo, es estratégico para la economía española, viendo la subida de costes de producción que está sufriendo.

EL COMPRADOR ESTARÁ OBLIGADO A REVISAR EL PRECIO EN LOS CONTRATOS DE LARGA DURACIÓN CUANDO AUMENTEN LOS COSTES QUE NO DEPENDAN DEL GANADERO

Con los cambios anunciados, el comprador estará obligado a revisar el precio de compra de la leche en los contratos de larga duración cuando aumenten los costes de producción que no dependan del ganadero, aunque el contrato se haya firmado a precio fijo, según ha planteado el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA).

Sánchez ha reiterado el carácter «estratégico» del sector primario y destacado la actividad tan «sacrificada» que realizan los ganaderos que deben ordeñar a sus animales todos los días.

Según cifras oficiales, entre enero y octubre los precios que percibieron los ganaderos se incrementaron el 3,8% anual, frente al 16% del aumento de los costes de los piensos, lo que ha llevado a la reducción de sus márgenes de beneficio en un 52%.

Ante esa situación, el presidente del Gobierno ha asegurado que pondrán en marcha «todas las medidas necesarias» para asegurar que se cumpla la ley de la cadena alimentaria.

Su reforma fue aprobada recientemente por el Parlamento e incluye aspectos como la prohibición de la venta a pérdidas, el registro telemático de contratos o la posibilidad de denunciar incumplimientos directamente o a través de organizaciones representativas.

Sánchez ha explicado que han incrementado el presupuesto de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), que van a trabajar con las autoridades autonómicas y el sector; y que están apoyando la integración de los productores en cooperativas y asociaciones para mejorar su posición negociadora.

También ha enumerado una serie de inversiones para modernizar el sector agrario y mejorar su competitividad, especialmente en los ámbitos de la eficiencia energética y el uso de energías renovables, la agricultura de precisión y la gestión de estiércoles.

En la Unión Europea, el presidente ha mencionado la solicitud de los ministros de Agricultura a la UE para que tome medidas dentro de la organización común de mercados agrarios ante un «problema global que afecta a todos».

Igualmente, ha hecho referencia al incremento del 30% de las ayudas asociadas al sector con la nueva Política Agraria Común (PAC), que se traducirá en 122 millones de euros anuales que beneficiarán a 13.000 explotaciones en España.

La senadora del PNV ha pedido, en su réplica, que se activen los mecanismos que prevé la ley de la cadena «lo antes posible» parar evitar los desequilibrios que afectan a los productores y otras medidas de apoyo extraordinario con vistas a impedir la desaparición de muchas explotaciones, tal y como reclaman todas las organizaciones agrarias vascas.