Con la nueva norma, el Ejecutivo intenta "promover un modelo cooperativo mucho más potente en dimensión, ambición innovadora y proyección internacional" y "contribuir a que el sector supere sus deficiencias y despliegue todo su potencial".
Según el Real Decreto, podrán ser reconocidas como entidades asociativas prioritarias las sociedades cooperativas, las cooperativas de segundo grado, los grupos cooperativos o las sociedades agrarias de transformación.
También podrán optar las organizaciones de productores con personalidad jurídica propia -según recoge la normativa comunitaria en el ámbito de la Política Agraria Común (PAC)- y las entidades civiles y mercantiles, siempre que más del 50% de su capital social pertenezca a sociedades cooperativas, a organizaciones de productores o a sociedades agrarias de transformación.
En el caso de que estas entidades económicas tengan la forma de sociedad anónima, sus acciones deberán ser nominativas.
La nueva norma fija los requisitos de las Entidades Asociativas Prioritarias, como el carácter supra autonómico, número de socios y actividad económica, que no podrá exceder del 90% en una comunidad autónoma concreta.
Este porcentaje se ha flexibilizado al 95% cuando más del 60% de la producción nacional se concentra en una región o cuando la entidad desarrolle su actividad en más de un 50 % en una Comunidad Autónoma con más de 5 provincias.
El Real Decreto establece la comercialización conjunta de la totalidad de la producción por la EAP y se exige igualmente un volumen de facturación anual mínimo, que se establece según modalidades de reconocimiento sectorial o multisectorial.
Un impulso para tener mayor poder de negociación
El nuevo Real Decreto marca también los requisitos para la inscripción y baja del registro Nacional de Entidades Asociativas Prioritarias, de cuya gestión, mantenimiento y actualización se encargará el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, así como de las modificaciones de sus "actos inscribibles", la pérdida de la condición de EAP, disolución o baja.
La norma pretende contribuir a la sostenibilidad del sector agroalimentario español y, especialmente, al mantenimiento y desarrollo de la economía del mundo rural, según el Gobierno, y ayudar al sector, ahora atomizado, a mejorar su poder de negociación frente a otros eslabones de la cadena agroalimentaria.
En España, hay cerca de 4.000 Cooperativas y Sociedades Agrarias de Transformación (SAT), que con una facturación superior a 25.000 millones de euros en 2012 cuentan con más de un millón de socios y mantienen cerca de 100.000 empleos directos.